LONDRES, 9 sep (Reuters) – El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es buscado por Estados Unidos debido a que es un “enemigo político” del presidente Donald Trump, dijo el miércoles un testigo durante su audiencia de extradición en Londres.
Assange, de 49 años y nacido en Australia, se resiste a un pedido de extradición de Estados Unidos, donde enfrenta cargos de conspiración para conseguir acceso a computadores del gobierno y violar una ley sobre espionaje por la publicación de cables confidenciales en 2010 y 2011 a través de WikiLeaks.
Paul Rogers, profesor de estudios de paz en la Universidad Bradford de Reino Unido, dijo al tribunal Old Bailey de Londres que el momento del proceso en Estados Unidos se relaciona con las opiniones políticas de Assange y la hostilidad de Trump en su contra.
“La evidencia respalda con fuerza (…) que esto parece ser un proceso motivado por causas políticas”, dijo Rogers.
Assange y WikiLeaks enfurecieron al gobierno de Estados Unidos hace una década al publicar miles de documentos secretos de Washington, pero no fue acusado de ningún cargo penal en ese momento.
Sus partidarios lo ven como un defensor de la libertad de expresión al exponer los abusos de poder y la hipocresía de Washington y consideran que su enjuiciamiento es una amenaza para el periodismo. Las autoridades de Estados Unidos dicen que puso en peligro imprudentemente las vidas de sus fuentes con la divulgación.
Rogers dijo que el gobierno de Trump considera a Assange como un “enemigo político” debido a sus opiniones. El equipo de la defensa de Assange sostiene que el caso de Estados Unidos tiene motivaciones políticas, algo que impediría su extradición.
“Es posible ver claramente que las opiniones y puntos de vista del señor Assange, demostradas en sus palabras y acciones con la organización de WikiLeaks a lo largo de los años, lo ponen en el centro de una disputa con la filosofía del gobierno de Trump”, dijo Rogers en su declaración a la corte.
James Lewis, el abogado que representa a Estados Unidos, rechazó la afirmación de que el caso tenga motivaciones políticas, subrayando que los fiscales federales estadounidenses tienen prohibido considerar opiniones políticas en la toma de decisiones.
“No digo que actúen de mala fe”, refirió Rogers. “Digo que en un nivel muy diferente, se tomó la decisión política de investigar esto más allá después de que transcurrieron ocho años”, agregó.
Array
(Reporte de Michael Holden; Editado en Español por Ricardo Figueroa)