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El sector empresarial, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) delinean un plan de choque emergente, en contra del crimen organizado que ha encontrado en el robo de mercancías transportadas por ferrocarril y camiones de carga un redituable negocio.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República (Coparmex), dijo incluso que quien no pueda que renuncie, y consideró que el problema debe frenarse de tajo ya que se expande en el país como pandemia.
“Nos reunimos con funcionarios de alto nivel, tanto el secretario de Gobernación, la Policía Federal, la fiscalía y de la Procuraduría General de la República para delinear en los próximos días un plan de choque, un plan emergente que sí atienda esos casos particulares, pero también hablamos del contexto general que se está dando”.
El líder empresarial informó que dicho plan busca poner un alto a esta problemática, que por miedo los gobernadores y alcaldes han traslado a las fuerzas federales.
“No se vale, no podemos aceptar para decirlo en temas coloquiales, que los alcaldes y los gobernadores le saquen a su responsabilidad, tenemos una gran complacencia que se está volviendo complicidad en muchos estados en los cuales se está dejando prácticamente la atención de esta problemática únicamente a las fuerzas federales, esto es absolutamente inaceptable”.
“Si un gobernador no quiere dar la lucha contra la inseguridad, mejor que se vaya pero requerimos de un compromiso claro, inmediato, explícito de los gobernadores y de los alcaldes en esta materia”, apuntó.
En entrevista, el presidente de la Coparmex subrayó que ningún problema preocupa tanto a los mexicanos y al sector privado del país como la inseguridad.
Ante los cierres de empresas, con la consecuente pérdida de fuentes laborales, De Hoyos dijo que junto con las autoridades toman cartas en un asunto que se ha vuelto endémico en toda la República, ya que se generaliza en carreteras con robos a camiones, trenes y transeúntes y centros de distribución.
Se trata –informó– de un tema que, desde el primer momento del siguiente gobierno, se tiene que atender para garantizar el estado de derecho, ya que lo que se observa es una gran pasividad por parte de las autoridades quienes ya dejaron de lado su responsabilidad de garantizar seguridad a sus gobernados.
Caen inversiones
La creciente inseguridad, la incertidumbre que genera el TLCAN y las elecciones ha llevado una disminución en el flujo de inversiones en el 2018, aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Precisó proyectos en materia de energía, educación y vinculados con el acuerdo trilateral, siguen frenados hasta en tanto no haya claridad en las reglas del juego.
En ese sentido, señaló que en los siguientes días, la cúpula empresarial se reunirá con el secretario de Gobernación para emprender protocolos de seguridad, que atiendan los puntos críticos de la situación.
