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De concretarse la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, de fijar precios en productos estratégicos para la actividad económica y con ello dar respuesta a la molestia generada por el alza de los energéticos, implicaría serios desequilibrios para el mercado, propiciando efectos tan negativos que al final del día, terminarán afectando a los que menos tienen, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El órgano de análisis del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que si bien la evolución de los precios de energéticos sigue causando disgusto entre los agentes económicos, que demandan una solución al constante aumento, después de su liberación en enero del año pasado, la salida no es lo propuesto por el nuevo gobierno.
“La dinámica que mantienen los precios de los energéticos puede agudizar las demandas por un ajuste a la baja, lo cual podría estimular nuevamente la propuesta que se hizo durante la campaña presidencial sobre la posible fijación de precios de productos estratégicos para la actividad económica, que documentado está, cuando el Estado decide intervenir a través de la fijación de precios o establecer precios de garantía y/o subsidios, que generalmente distorsionan los precios de mercado, para beneficiar a algún sector o grupo, es un hecho que la oferta de ese bien se verá afectada debido a que el incentivo para producirlo se afecta”, alertó.
En su análisis económico ejecutivo semanal, mencionó que los más privilegiados por el control de los precios serán aquellos con mayor capacidad de compra y nunca serán los grupos de menos recursos.
El CEESP recordó que la experiencia muestra que en el caso de los subsidios a la gasolina y al diesel, el costo para el gobierno durante los años 2007-2014 fue de 871 mil millones de pesos, que benefició sobre todo a quienes menos lo necesitaban, ya que son aquellos grupos que tienen una mayor capacidad de consumo quienes se vieron beneficiados por la adquisición de bienes a precios menores.
“Otra mala experiencia fue el decreto que determinaba el control de precios del gas LP, que llevó a alejar cada vez más su precio del precio real, generando la necesidad de cubrir esta diferencia con gasto público, evidentemente proveniente de impuestos de los contribuyentes”, expuso el organismo.
Precisó que una situación como esta no es sostenible en el mediano y largo plazos, por lo que una vez que no hay manera de seguir financiando este tipo de políticas, generalmente se decide concluirlas sin un plan de compensación bien estructurado, y finalmente redunda en un agresivo ajuste de precios al nivelarse a las condiciones del mercado, afectando severamente el poder adquisitivo de los hogares.
Agregó que la responsabilidad rectora de un gobierno debe dirigirse a generar un ambiente propicio para que la economía funcione de tal manera que el beneficio sea generalizado, evitando privilegiar a los grupos de mayores ingresos en el país y las políticas asistencialistas sustentadas en controles de precios que simplemente contribuyen a perpetuar la pobreza.
La regresividad de los subsidios generalizados va en contra de cualquier beneficio de la población que más lo requiere, además de que contribuye directamente a elevar el déficit de las cuentas públicas, señaló.
