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En respuesta a las medidas que Estados Unidos aplicó a las exportaciones de acero y aluminio mexicanas, México informó que iniciará un proceso de solución de controversias al amparo de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Economía (SE), consideró que las medidas impuestas por Donald Trump al amparo de la Sección 232 de su legislación, argumentando amenazas a su seguridad nacional, “violan el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC al no haberse adoptado conforme a los procedimientos ahí previstos, además de que violan el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994)”.
El Gobierno de México refrendó que sus acciones continuarán apegándose al estado de derecho comercial internacional y serán proporcionales al daño que México “lamentablemente reciba”.
El viernes pasado, una vez que oficialmente el mandatario estadounidense, oficializó aranceles al aluminio y al acero, en primera instancia el Gobierno mexicano respondió con la misma medida con algunos productos.
Sin embargo, siguiendo la línea de la Unión Europea y Canadá, México, mediante la Secretaría de Economía, encabezada por Ildefonso Guajardo Villarreal, decidió acudir al pánel internacional de controversias.
Especialistas económicos como José Luis de la Cruz Gallegos, aseguran que los aranceles a las exportaciones de acero y aluminio que México realiza a Estados Unidos no tiene justificación económica en primera instancia porque la Unión Americana mantiene un superávit estructural con México en fundición de acero, productos manufacturados de hierro, acero, aluminio y sus manufacturas.
De acuerdo con información de Census Bureau de EU, durante 2017 México exportó a la Unión Americana mil 972 millones de dólares clasificados como fundición de hierro y acero.
