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SAO PAULO (AP) — El gobierno brasileño emitió el viernes nuevas normas que agilizan la deportación de extranjeros considerados “peligrosos” o que han violado la Constitución.
Las reglas publicadas por el ministro de Justicia Sérgio Moro definen a una persona peligrosa como cualquiera vinculada al terrorismo, al crimen organizado o a grupos armados, así como a aficionados al fútbol con antecedentes de violencia. En ellas se afirma también que ahora las autoridades brasileñas podrán utilizar varias herramientas para determinar si un extranjero es peligroso, incluyendo información de agencias de inteligencia.
Los extranjeros afectados por las nuevas normas tendrán que defenderse o irse de Brasil en un plazo de 48 horas después de que se les notifique acerca de su deportación inminente. Previamente, las normas del país le daban a los extranjeros en riesgo de ser deportados 60 días para regularizar su estatus.
Las normas se están emitiendo con el amparo de la Ley de Migración de Brasil, la cual fue aprobada por el Congreso en 2017 aunque no aborda específicamente la deportación.
Las reglas anunciadas el viernes incluyen cláusulas en las que se afirma que ningún extranjero será deportado ni se le negará la entrada al país con base en su raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas.
El nuevo enfoque “no cambia la generosidad de la ley brasileña con los inmigrantes y los refugiados”, afirmó el ministro de Justicia. “Sólo detiene a gente sospechosa de participar en conducta delictiva grave y específica. No me gusta el término persona ‘peligrosa’, pero ese es el que se usa en la ley ahora reglamentada”.
“Ningún país en el mundo, una vez que está al tanto, permite ingresar a su territorio a un extranjero sospechoso de terrorismo o a un integrante de una organización delictiva armada. Esa persona es detenida en el puerto de ingreso y deportada. Las nuevas normas permiten que esto se haga de inmediato”, agregó.
Las reglas son emitidas en una época en la que Moro está siendo criticado tras reportes en la prensa sobre conversaciones telefónicas que generaron interrogantes acerca de una posible extralimitación judicial cuando él era un juez que supervisaba la pesquisa Lava Jato sobre corrupción.
El sitio web noticioso The Intercept Brasil, encabezado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, publicó los reportes con base en mensajes filtrados.
Moro ha criticado los reportes, diciendo que se fundamentan en la intervención delictiva de teléfonos, y dice que las conversaciones reportadas podrían haber sido alteradas por delincuentes.
Greenwald, un ganador del premio Pulitzer que vive en Río de Janeiro, ve las nuevas normas de deportación como un ataque personal.
“Es algo impensable en cualquier democracia: el ministro de Justicia Sérgio Moro está encabezando la investigación de nuestro periodismo a pesar de que expusimos su corrupción. Está amenazando con revisar una ley de seguridad nacional de la época de la dictadura para arrestarme por reportar”, afirmó Greenwald.
Camila Asano, una coordinadora en el grupo defensor de los derechos humanos Conectas, cuestionó la legalidad de las normas.
“Nuestra ley de migración asegura múltiples garantías para evitar acciones arbitrarias contra los que intentan ingresar a Brasil y contra los que ya viven aquí”, afirmó Asano. “Pocas personas podrán apelar en 48 horas. Y habrá pocas posibilidades de que la sociedad sepa con toda seguridad si estas normas están siendo aplicadas correctamente”.
