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Por Luis Jaime Acosta
BOGOTÁ, 1 nov (Reuters) – Cientos de exintegrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, procedentes de diferentes regiones de Colombia, marcharon el domingo para exigir al Gobierno más seguridad, la implementación del acuerdo de paz y el cese de los asesinatos contra los antiguos combatientes que depusieron las armas.
Con banderas blancas, pancartas y frases en contra de la violencia, unos 1.800 excombatientes llegaron a Bogotá en la denominada “Peregrinación por la vida y por la paz”.
El asesinato de 236 exintegrantes de las desmovilizadas FARC desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre de 2016 es una de las principales dificultades que enfrenta la implementación del pacto con el que se busca poner fin a un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.
La Organización de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por los asesinatos de excombatientes después del acuerdo de paz que permitió la desmovilización de alrededor de 13.000 integrantes del grupo rebelde.
“Nosotros hicimos dejación de las armas creyendo en la palabra del Estado y al día de hoy 236 de nuestros compañeros han caído asesinados en diferentes departamentos del país”, dijo Carlos Antonio Lozada, senador del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) que surgió del acuerdo con el mismo acrónimo del grupo rebelde.
“Está en curso ese genocidio y es lo que queremos, que la sociedad lo entienda para que se movilice y detengamos antes de que suceda esto y se continúe reproduciendo el conflicto armado en nuestro país”, aseguró Lozada quien anunció que buscarán que el presidente Iván Duque reciba una delegación de excombatientes.
Lozada, quien denunció una campaña de exterminio similar a la que se registró contra la Unión Patriótica (UP), pidió plenas garantías para la reincorporación socioeconómica de los antiguos integrantes del grupo insurgente y dijo que el Estado está obligado a garantizarles la vida.
Entre 1984 y 2002 alrededor de 4.000 integrantes de la UP, un partido de izquierda surgido de un fallido acuerdo de paz con las FARC, fueron asesinados en ataques selectivos atribuidos a escuadrones paramilitares de ultraderecha apoyados por algunos efectivos del ejército.
El Gobierno del presidente Duque asegura que está comprometido en la seguridad y el cumplimiento de los acuerdos de paz, al tiempo que responsabiliza de los asesinatos de los excombatientes de las FARC a disidencias de se apartaron del acuerdo de paz y a otros grupos armados ilegales implicados en el narcotráfico y la minería ilegal.
Por su parte, el dirigente del partido FARC Pastor Alape, responsabilizó de los asesinatos de excombatientes a “poderes que se benefician de la guerra y de la violencia”, al tiempo que solicitó al Gobierno más inversión social y menos presencia militar en las zonas azotadas por la violencia.
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(Reporte de Luis Jaime Acosta)
