Buenos Aires, 20 Feb (Notimex). – El gobierno de Argentina restituyó, el día de hoy, el programa nacional de protección a testigos que había sido modificado en la administración de Mauricio Macri.
Los cambios que hizo el presidente Alberto Fernánez consideraron la compatibilidad del sistema de protección con las atribuciones constitucionales y legales que existen en su país.
En un comunicado su gobierno informó que el programa de protección se había transformado en una nueva dependencia cuando anteriormente respondía directamente al Ministerio de Justicia argentino.
“El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior”, agregó el mandatario.
A fines de noviembre del año pasado, Macri creó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el ente autárquico que tendría a su cargo el resguardo de la seguridad de los llamados “arrepentidos” en las causas judiciales.
Ahora, la administración de Alberto Fernández decidió anular ese decreto porque “no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y que, por lo tanto, justificaran la adopción de una medida de excepción como es un decreto de necesidad y urgencia”.
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