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CHICAGO (AP) — Las nuevas medidas para facilitar las deportaciones tienen en ascuas a las comunidades de inmigrantes y los abogados les recomiendan que reúnan toda la documentación posible –comprobantes de pagos, contratos de alquiler de viviendas e identificaciones de gimnasios– para demostrar que han vivido en Estados Unidos.
La incertidumbre acerca de qué impacto tendrán estas medias genera confusión y hace que resulte más difícil dar asesoría a los inmigrantes sin permiso de residencia. Abogados y organizaciones de activistas a veces hacen recomendaciones contradictorias acerca de si conviene tener siempre encima esos documentos.
Las nuevas normas permiten a los funcionarios del servicio de inmigración deportar a toda persona que lleva en el país menos de dos años. Actualmente las autoridades solo pueden ejercer esas atribuciones a una distancia de hasta 160 kilómetros (100 millas) de la frontera con México y con personas que llevan menos de dos semanas en el país.
Detractores de esta política dicen que envalentonará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para que la emprendan indiscriminadamente contra los inmigrantes, privándolos de llevar sus casos ante un juez o de consultas con abogados. Se calcula que unos 300.000 inmigrantes sin permiso de residencia podrían ser afectados por esta medida, según estimados del Instituto de Políticas sobre Inmigración.
Los abogados comenzaron a recomendar inmediatamente a los inmigrantes que reuniesen documentos para demostrar que llevan al menos dos años en el país, cualquier papel que compruebe una presencia continua en Estados Unidos. Pero no deben llevarlos consigo necesariamente.
“Estamos operando a ciegas en este momento”, dijo David Leopold, abogado de inmigración de Cleveland.
Por años, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han venido diciendo a la gente sin un status inmigratorio legal que no lleven consigo identificaciones con su país de origen, porque eso podría perjudicarlos. Pero al no tener la posibilidad de acudir a los tribunales, abundan los interrogantes.
“Deben llevar consigo una cantidad limitada de papeles”, dice la abogada de inmigración de Houston Mana Yagani. “Yo les recomendaría que tengan una copia de todo en la oficina de un abogado y en la casa de un amigo de confianza”.
Otros, sin embargo, insisten en el viejo adagio de que no digan nada ni lleven nada consigo.
“No tengas nada contigo y haz uso de tu derecho a guardar silencio”, dijo la activista de Chicago Rosi Carrasco.
El Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, con sede en Chicago, alienta a los inmigrantes a que tengan un plan, que conserven sus documentos en un sitio céntrico y que les den acceso a ellos a amigos de confianza. También que hagan planes para que alguien recoja a sus hijos en la escuela en caso de una emergencia.
La expansión de los poderes de las autoridades inmigratorias, que seguramente va a ser resistida en los tribunales, ya plantea numerosos interrogantes.
Hay quienes dicen que las nuevas reglas dan a los agentes de la policía inmigratoria (ICE, por sus siglas en inglés) piedra libre para que hagan lo que quieran. Mencionan el ejemplo de lo sucedido la semana pasada en Kansas City, donde agentes de inmigración que trataban de arrestar a un mexicano rompieron los vidrios de un auto y lo sacaron por la fuerza frente a su novia y a sus dos hijos pequeños. Fue deportado rápidamente.
También mencionan el caso de un ciudadano estadounidense de 18 años, de Dallas, que estuvo preso más de tres semanas tras ser detenido en un puesto de control en el que los agentes hacían uso de su derecho a deportar prestamente extranjeros sin permiso de residencia. Fue detenido bajo sospecha de estar en el país ilegalmente.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU) dijo que acudirá a los tribunales, lo mismo que el Consejo Americano de Inmigración, que sostuvo que la expansión de esos poderes compromete el debido proceso.
El gobierno de Donald Trump aduce que las deportaciones rápidas son una forma de hacer frente a la escasez de lugar para detener inmigrantes en medio de una ola de llegada de centroamericanos. La aceleración de las deportaciones se suma a otras medidas recientes, incluidas nuevas restricciones a los pedidos de asilo y obligar a que la gente espere en México la tramitación de sus solicitudes de asilo.
El director interino del ICE Matthew Albence dijo que la ampliación de poderes para deportar “es una herramienta importante para expulsar extranjeros ilegales y aliviar la escasez de recursos que enfrenta el ICE en relación con el espacio para detenciones y los tribunales de inmigración”, según un memo que envió al personal del organismo.
Albence afirmó que era vital que se apliquen los nuevos poderes de una forma consistente y bien documentada. Indicó que los agentes deberán recibir capacitación adicional antes de ejercer esa autoridad.
Por ahora, Antonio Gutiérrez, de 30 años, tiene listos planes de emergencia y contrató a un abogado. Lleva casi 20 años viviendo en el país sin permiso.
Gutiérrez cruzó la frontera ilegalmente desde México cuando tenía 11 años. No pudo acogerse al programa del gobierno de Barack Obama que cobijó a los jóvenes que fueron traídos de niños a Estados Unidos y que no tienen permiso de residencia porque en una ocasión fue acusado de manejar en estado de ebriedad.
Reunió sus papeles, incluidas cartas de conocidos y todo lo referido a su solicitud rechazada de acogerse al programa DACA de Obama y los tiene en un lugar seguro en su casa. Otros miembros de su familia han podido regularizar su situación inmigratoria, pero él no.
“Organizarme me da una cierta seguridad”, expresó.
Los activistas difieren acerca de si es importante tener los documentos con uno todo el tiempo. Para algunos, es más importante hablar con un abogado y entender cuáles son sus derechos.
Esto es particularmente difícil ya que la gran mayoría de los inmigrantes no tienen abogados. Solo el 14% de los inmigrantes que son arrestados se presentan con un abogado cuando van a los tribunales, de acuerdo con un estudio del 2016 del Consejo Americano de Inmigración.
“No queremos crear alarmas innecesarias”, dijo Daniel Sharp, director de asuntos legales del Centro de Recursos Centroamericano de Los Ángeles. “Nuestra primera recomendación para todo el mundo es que se informen, que hagan una consulta legal y comprendan que pueden guardar silencio en lugar de llevar consigo una pila de papeles”.
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Elliot Spagat colaboró en este despacho desde San Diego.
