El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy dos órdenes ejecutivas decretando la construcción de un muro en la frontera con México, la ampliación de la capacidad de centros de detención para indocumentados y priorizar la deportación de inmigrantes indocumentados convictos por crímenes.
El mandatario instruyó también a su gobierno a que evalúe caminos para retener algunos fondos federales para las ciudades que han implementado políticas para proteger a inmigrantes indocumentados de ser deportados, conocidas como “Ciudades Santuario”.
La orden de construir el muro en la frontera sur de Estados Unidos es en cumplimiento con una de las más controversiales propuestas de campaña de Trump, y que forma parte de una serie de acciones en el frente migratorio.
La orden contempla la contratación adicional de agentes de la patrulla fronteriza y aumentar el número de camas en los centros de detención para inmigrantes indocumentados ubicados cerca de la frontera sur, anticipando un aumento en los arrestos a lo largo de la frontera con México.
Además se eliminará el programa de detención y liberación de inmigrantes indocumentados, aplicado por lo general a aquellos que esperan comparecer ante cortes migratorias durante el desahogo de sus peticiones de asilo.
Asimismo, Trump ordenó priorizar el encausamiento legal y la deportación de indocumentados acusados de ofensas criminales.
En una segunda orden, el mandatario estadunidense ordenó retener algunos fondos federales para las ciudades que han implementado políticas para proteger a los inmigrantes indocumentados de ser deportados, conocido como “Ciudades Santuario”.
Los gobiernos de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco, donde se han implementado estas políticas han dejado en claro su intención de mantenerles a pesar de esta amenaza.
El presidente de Estados Unidos también instruyó al Departamento de Seguridad Interna (DHS) a mejorar la capacidad de agentes de la Oficina de Migración y Aduanas (ICE) para arrestar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados.
Mientras al Departamento de Estado le ordenó retener visas como medidas de presión a fin de forzar a los países a que acepten la repatriación de indocumentados convictos de crímenes en Estados Unidos.
Trump aprobó una directiva mediante la cual restaurará el programa “Comunidades Seguras”, enfocándolo en la detención y deportaciones de inmigrantes indocumentados.
Estados Unidos aplicó durante años este programa con el objetivo de que las jefaturas de policía locales cruzaran la información de personas detenidas con bancos de datos federales para determinar si eran buscadas por violaciones migratorias.
El programa fue cancelado en 2014, tras sucesivas quejas judiciales de las jefaturas de policía alegando carecer de autoridad bajo la cláusula constitucional de debido proceso, para retenerlos encarcelados hasta que fueran procesados por fines migratorios.
La administración del expresidente Barack Obama lo sustituyó con el Programa de Prioridades de Cumplimiento (PEP), que limita la transferencia de detenidos a aquellos buscados por delitos serios o que son un riesgo a la seguridad nacional.
Ese programa, sin embargo fue criticado por legisladores republicanos que lo calificaron como un fracaso debido a su carácter optativo y a que las jefaturas de policía, en especial de las 200 ciudades con políticas santuario, siguen ignorando las peticiones del DHS.