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En la página oficial de la Fiscalía existen en carpetas y averiguaciones previas 37 mujeres menores que no han sido localizadas y 28 féminas mayores de 18 años, desde 2012 hasta el 06 de marzo pasado, lamentó Marlene Martin, representante del Grupo Multidisciplinario Generando Igualdad, tras exigir a las autoridades estatales y municipales, a no revictimizar ni criminalizar las desapariciones.
En rueda de prensa, pidieron a la autoridad estatal y autoridades municipales, cumplir con su obligación de actuar bajo una perspectiva de género para lograr una sociedad más igualitaria, más justa y más consciente.
“Rechazamos cualquier acto que provoque la revictimización de las personas, y en particular a las mujeres, por parte del gobierno del estado, quien hace señalamientos públicos, o bien, permite que se filtre información tratando de incidir en la opinión pública para desacreditar las denuncias que existen en el caso particular de mujeres y personas desaparecidas”, destacó.
Dejó en claro que la Fiscalía General del Estado es responsable de resguardar la investigación, por lo que es grave que la misma dependencia permita e incluso colabore en la filtración de información.
Explicó que el gobernador del estado a través de sus declaraciones y bajo su investidura en el cargo, ha dado públicamente detalles que no se conocían de investigaciones en curso, lo que pone en duda la autonomía de la Fiscalía.
“Existe por parte de la Fiscalía una grave responsabilidad de que en uno de los casos, en el que incluso existe evidencia videográfica, se lleva a cabo una entrevista en una de las oficinas de la misma dependencia; con ello, además de la criminalización y la intención de desvirtuar a la opinión pública, viola el debido proceso y el principio de la presunción de inocencia”, dijo.
Respecto a la implementación del Protocolo Alba, abundó que la Fiscalía tiene responsabilidad de medir el riesgo que exista en el caso de alguna desaparición a efecto de activarlo.
“Por ello es que si la Fiscalía emite un protocolo es porque previamente analizó si reúne los requisitos, de otra forma resultaría incongruente desestimar su propia actuación. Sin embargo, como agrupación reiteramos y agradecemos que en los casos en que lo ha hecho, ha sido activado de manera correcta”, mencionó.
Revictimización.
Aclaró que las autoridades están obligadas a no hacer pronunciamientos revictimizantes o criminalizadores, como “se fue con el novio”, “andaba de fiesta”, o “si le gustaban las bebidas alcohólicas” y “las drogas”.
Recordó que en días recientes el gobernador del estado, Francisco Domínguez, hizo un pronunciamiento contrario a los mecanismos de protección.
“Nos preguntamos si los casos en donde han sido activados protocolos no cumplen con las características, entonces exigimos una respuesta de por qué han sido valorados irresponsablemente y por qué no se han emitido en todos los casos en los que sí corresponde”, resaltó.
“Existen logros y avances, sí, pero aún queda trabajo por realizar mientras Querétaro siga siendo uno de los lugares con mayores casos de violencia hacia las mujeres ubicándonos en el quinto lugar a nivel nacional, con información de la ENDIREH, que señala la prevalencia de la violencia en un 71.2%, por encima de la media nacional que se encuentra en el 66.1%”, añadió.
Advirtió que como activistas u organizaciones sociales “no nos van a amedrentar tratando de desviar la opinión pública, nosotras tenemos una responsabilidad de creerle a las víctimas, y que cada vez que exista el riego de la violación a algún derecho, la ciudadanía va a contar con nosotras y con lo que esté a nuestro alcance realizar, sin importar clase social, condición étnica, ni colores partidistas, así como circunstancias que pretendan desvirtuar su ejercicio a algún derecho”, finalizó.
