La decisión tomada por el electorado este 1 de julio pone en riesgo la existencia de cinco de los nueve partidos existentes, y esta vez no se trata sólo de la llamada “chiquillada”, sino involucra a un partido considerado fuerza legislativa, pero que ya está en vías de extinción.
Se trata del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que apenas llegó a 2.8 por ciento de las preferencias del electorado, lo cual lo pone en la “tablita”, incluso está casi aparejado con el Partido Encuentro Social (PES) que logró obtener 2.6 por ciento en la elección para Presidente de la República.
Lo anterior se difundió de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) al computarse 93.5 por ciento de las actas, revela que el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal), alcanzaron a obtener 1.8, 1.7 y uno por ciento de las preferencias.
El artículo 92 de la Ley General de Partidos Políticos es claro para determinar la causal de pérdida del registro: “no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.
De esta forma, si se consolidan los resultados del PREP por medio del conteo distrital, que inicia este miércoles 4 de julio en las juntas locales, y se prevé que concluya el sábado 7 o el domingo 8 venideros; los partidos antes mencionados causarían baja del espectro político partidista nacional, aunque logren conseguir algunas diputaciones o senadurías u obtengan alguna gubernatura, presidencia municipal, diputaciones locales o regidurías, podrían retener el registro, pero en términos estatales.
De hecho, entre las sorpresas de este proceso electoral está que el Partido del Trabajo, que de no ser por la elección extraordinaria en Aguascalientes en 2017 hubiese perdido el registro; sin embargo, no sólo se recuperó sino que alcanzó 5.8 por ciento de las preferencias.
A este filtro electoral hay que añadir las fechas de fiscalización; en ese sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene de plazo hasta el 20 de agosto para realizar esta parte del proceso y dejar en manos del TEPJF la revisión contable, en caso de que haya impugnaciones.
El TEPJF, tras dictaminar las impugnaciones tanto en temas electorales como de fiscalización, tendrá hasta el 30 de agosto para validar la elección de legisladores, y hasta el 20 de septiembre para calificar la elección presidencial, pues la toma de protesta será el 1 de octubre.