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Los comerciantes desalojados de la Alameda Hidalgo amenazaron con volver a demandar al municipio de Querétaro por no cumplir con la reinstalación dictaminada por un juez federal ni con el incidente de cumplimiento sustituto de dicha sentencia, promovido por el gobierno municipal.
El representante de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, Pablo González Loyola Pérez, señaló que la decisión será definida este miércoles en la sesión ordinaria de la Tercera Asamblea Cívica Nacional, aseverando que el regreso de los comerciantes no es una necedad ni una intransigencia.
“Volveríamos a demandar el andador contiguo a la Alameda Hidalgo y esto no es ningún capricho. Agotaremos la paciencia de esperar disposición de la autoridad, si no la asamblea dará la pauta para la posibilidad de que se vuelva demandar jurídicamente”, aseveró.
Dijo que las autoridades deben darle solución al problema de desempleo que hoy enfrentan más de 200 personas que son representadas por la unidad y que fueron despojados del espacio en el que comercializaban sus productos.
“Eso está previsto en el programa de ordenamiento del comercio en vía pública, es un programa para que los que se dedican a esta actividad tengan una alternativa donde trabajar. La Alameda es de las zonas no prohibidas en los reglamentos municipales”, argumentó.
Además, respecto al cumplimiento sustituto de la sentencia, González Loyola Pérez afirmó que la autoridad muestra propuestas a los comerciantes, pero al momento en que las aceptan, el gobierno “se echa para atrás”.
Es por ello que seguirán oponiéndose, dentro del proceso legal, para el cumplimiento sustituto de la sentencia hasta que haya una solución satisfactoria, agregando que la autoridad deberá pagar daños y perjuicios por todo el tiempo en el que no han tenido respuesta.
La sentencia pide la reinstalación de 99 comerciantes de los más de 200 que representa la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto.
La Asamblea Cívica Nacional será la que dé pauta a la decisión de volver a demandar, pues a pesar de que es un asunto de unos cuantos asociados, es una prioridad de los delegados de la unidad, quienes consideran el desalojo como un atropello.
