La administración municipal de Tequisquiapan estuvo en riesgo de perder recursos de programas y fondos federales, como el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), por irresponsabilidad de exfuncionarios, aseguró el presidente, Antonio Mejía Lira
El alcalde señaló que está en proceso la conformación de expedientes para solicitar la sanción a los exfuncionarios de la administración que encabezó Raúl Orihuela González, debido a que incurrieron en omisiones que causaron riesgos para que el municipio tuviera acceso a estas partidas.
Resaltó que los exfuncionarios municipales incurrieron en errores administrativos severos que pusieron en riesgo este programa y el acceso a recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
De este último, se desprende el Fondo para la Infraestructura Social y Municipal (FISM), que tiene el propósito de desarrollar obras públicas y acciones de beneficio social para abatir el rezago en zonas con algún grado de marginación. Este fondo puede ser operado directamente a través de los gobiernos municipales.
Indicó que en la administración anterior las autoridades federales detectaron que los recursos obtenidos a través del FAIS eran utilizados para fines diferentes a los establecidos en las reglas de operación de este fondo de la federación, lo que provocó la pérdida de recursos que estarían destinados para ejecutarse en Tequisquiapan, durante el ejercicio fiscal en curso.
“Se perdieron otros programas como del FAIS porque no se utilizaba el recurso para esos fines, sino para otros. Me parece que hubo irresponsabilidad de algunos funcionarios que no cumplieron en tiempo y forma”, comentó.
Agregó que actualmente las autoridades municipales también están en proceso de definir una estrategia para el fortalecimiento de la seguridad pública, debido a que también hubo riesgos en meses anteriores de perder los recursos obtenidos a través del Fortaseg.
Indicó que en este caso también se incumplieron los requisitos establecidos para el uso de estos recursos, por hasta 10 millones de pesos distribuidos en dos ministraciones.
Los titulares de las áreas involucradas en la revisión de la cuenta pública están aún en proceso de verificar el cumplimiento de los requisitos para la gestión de otro tipo de programas.
Una vez que tengan más detalles sobre posibles errores, irregularidades u omisiones cometidas en agravio de la administración, la información será entregada a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).
Aseguró que, hasta el momento, no tienen contabilizado el monto al que ascienden los daños causados a la gestión pública ante el Gobierno Federal.
POR GABY HERNÁNDEZ