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La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, cuenta con cerca de 24 carpetas de investigación abiertas contra funcionarios y exfuncionarios tanto estatales como municipales, informó el titular de esta dependencia, Benjamín Vargas Salazar.
Estos expedientes incluye aquellos que fueron cedidos por la Fiscalía General del Estado y los que se han generado con motivo de una denuncia interpuesta ante el órgano especializado desde su creación, ya sea por ciudadanos o por alguna institución como lo son las contralorías y los órganos internos de control.
“Estamos hablando de aproximadamente un par de docenas de casos y que estamos analizando, que estamos verificando si se configura algún acto de corrupción. Tenemos que analizar la conducta y en base a eso verificar si encuadra en algún tipo penal”, aseveró.
El fiscal especializado indicó que en la mayoría de los casos se advierte un manejo irregular de recursos públicos y la solicitud de alguna dádiva relacionado con el servicio público, de los cuales se hará un pronunciamiento de cada uno cuando se tengan elementos para ello.
“Necesito tener una verificación porque además necesitamos determinar en específico qué servidores públicos son los involucrados”, aseguró Vargas Salazar, tras señalar que al momento solo dos personas han sido vinculadas a proceso.
Una de ellas, es el ex secretario general de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Abraham “N”, quien fue inhabilitado por cuatro años y medio, de toda función pública tanto estatal y municipal, abundó Vargas Salazar.
También deberá cumplir mil horas de trabajo comunitario en funciones que el exfuncionario podrá elegir de un catálogo de instituciones y trabajos que podría desarrollar en acuerdo con el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Dirección de Reinserción Social.
Respecto al caso del exvocero del exgobernador Jose Calzada Rovirosa, Abel “N”, dijo que como parte de la investigación complementaria, tanto la defensa como la Fiscalía Especializada, están allegándose de más datos, como medios de prueba para que el juez determine una sentencia justa en una audiencia pública.
El plazo de investigación complementaria termina el 25 de octubre, añadió.
