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Ciudadanos que fueron afectados por el despojo de sus terrenos en la colonia Granjas Banthí, ubicada en San Juan del Río, acusaron a la Fiscalía General del Estado de dar carpetazo a sus demandas, en las cuales se involucran a los representantes de la empresa Constructora Banthí SA de CV y al titular de la notaría pública número 10, ubicada en este municipio.
El abogado Juan Manuel Vargas Lozada, quien es representante jurídico de algunos de los demandantes y también fue afectado, aseguró que en casi un año no ha tenido acceso a los expedientes propios y de sus representados sin que la FGJ presente argumentos o motivos para resguardar esta información a los involucrados.
Debido a los daños patrimoniales causados a los propietarios de más de 200 lotes en esta colonia, acusaron que ha habido impunidad para los afectados por falta de voluntad para la impartición de justicia, ya que desde hace año y medio existe una orden de aprehensión contra uno de los representantes de la constructora que realizó la reventa de terrenos sin que esta se haya ejecutado.
En este sentido hicieron un llamado al gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, para que vigile el avance de estos asuntos legales y la posible responsabilidad de ex servidores públicos de la administración municipal 2012-2015.
Y es que el registro para la escrituración de los lotes que fueron revendidos, lo que podría configurarse como desojo y fraude, se tramitó a través de la Notaria 10, encabezada por Cipriano Pineda, papá del ex alcalde, Fabián Pineda Morales.
Además de esto, aseguraron que en dicho periodo se autorizó la subdivisión de al menos 150 terrenos en esta colonia y en Solares Banthí, por lo que se habría tenido la colaboración de los miembros del Ayuntamiento para la ejecución de estos delitos y la violación del Código Urbano.
Con la autorización para la relotificación de estos predios se incrementa la densidad poblacional en la zona respecto a lo que se contempló inicialmente para el Desarrollo de esta colonia, fundada hace 35 años.
Por este motivo pidieron a las autoridades revisar también la posible responsabilidad de los miembros del cabildo para la aprobación de los dictámenes para estos cambios.
Detectaron que la participación de la constructora Mondragón fue constante para obtener estos terrenos y construir casas con los lotes ya subdivididos; de esta manera se permitió el uso de créditos del Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) para la venta de estas casas, lo que dificultó para ellos la recuperación de sus propiedades.
De manera individual, las familias afectadas han optado por presentar sus denuncias contra los presuntos responsables de estos despojos. Estimaron que hasta la fecha suman 70 averiguaciones previas presentadas ante la Fiscalía General del Estado.
