Cinco de cada 10 jóvenes que se acercan con las organizaciones sociales para expresar alguna queja, es debido a la discriminación por tatuajes en el ámbito laboral en Querétaro, informó el activista Edmundo Ramos Gutiérrez.
“De los que se nos han acercado para contarnos situaciones de discriminación, cinco de cada 10 jóvenes, como un 50% de los jóvenes con los que trabajamos en estos temas de recibir las situaciones de algún tipo de queja con las organizaciones por la discriminación, la mitad es por cuestiones de tatuajes”, lamentó.
El representante de SOS Discriminación Internacional Querétaro, abundó que esta problemática se detecta principalmente a inicios o fin de año cuando los jóvenes acuden en mayor porcentaje a buscar un trabajo.
“Como organizaciones, porque esto lo hemos venido viendo desde el año pasado a lo que va del año que se han acercado con nosotros porque principalmente en principios de año o final de año es cuando los jóvenes inician a buscar un trabajo”, resaltó.
Indicó que a pesar de que la no discriminación está indicada en la Constitución, se sigue presentando.
“Los jóvenes se acercan a las organizaciones sociales para decirnos que todavía la discriminación por tatuajes está vigente, porque cuando piden un trabajo hacen todos los exámenes que les solicitan de acuerdo al perfil y resulta que cuando por algún accidente se levantaron el suéter o se descubrió su tatuaje les dicen que ya no pueden trabajar ahí hasta que se lo quiten o que van a buscar otra persona que no tenga tatuajes”, dijo.
Afirmó que es un acto de discriminación “porque el perfil lo cubre pero al momento de ver el tatuaje los excluyen”.
Advirtió que de acuerdo al Código Penal del Estado de Querétaro, se establece una pena de uno a tres años de prisión o una sanción de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad, a quien discrimine.
Además de una multa de desde 50 hasta 200 días de salario mínimo, a quien por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, condición social o religión realice alguna conducta que pueda provocar o incitar a la violencia o se le niegue algún servicio o se le rechace un puesto de trabajo.
Así mismo, establece que el delito puede seguirse por petición exclusiva del ofendido o la persona que lo represente.