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El adeudo por hasta 1.3 millones de pesos a una empresa de imprenta derivó en la ejecución del embargo a la presidencia municipal de San Juan del Río como parte del proceso de requerimiento para el pago de estos pasivos, tras la emisión de dos sentencias a favor del proveedor.
Durante la tarde de este jueves los representantes legales de dicha empresa acudieron a las instalaciones ubicadas en avenida Benito Juárez Poniente para ejecutar el embargo y enlistar los bienes susceptibles a tomarse como garantía de pago.
El asesor jurídico de la empresa, Enrique Botello Montes, señaló que el adeudo se generó hace aproximadamente ocho años, durante la administración de Gustavo Nieto Chávez, sin embargo, las acciones legales iniciaron desde hace tres años.
“Es una empresa familiar que brinda servicios a la presidencia municipal y desde la época de Gustavo Nieto no les pagan, por eso la gente no quiere pagar si las autoridadesno pagan”, comentó el asesor.
Alrededor de las 13:00 horas de este jueves llegaron al edificio para iniciar el proceso de embargo y, tras señalar los bienes susceptibles a este procedimiento, tomaron como garantía una camioneta usada por él área de eventos y dos escritorios.
El abogado cuestionó el hecho de que, mientras se desarrollaba el embargo en este edificio, los inspectores de la Secretaría de Finanzas del municipio llevaron a cabo la clausura de dos locales pertenecientes a la empresa involucrada.
“Ya sabían que veníamos y mandan cerrar en este momento los negocios al empresario; nos parece rarísimo”, dijo Enrique Botello al cuestionar la manera en que procedieron las autoridades municipales.
Respecto a la clausura, el titular de Finanzas del municipio, Itzcalli Rubio Medina, señaló que la empresa operaba sin licencias de funcionamiento y que el procedimiento fue parte de los trabajos que regularmente realiza la dependencia para el ordenamiento de los comercios.
En el transcurso de la tarde, los representantes de la imprenta y del municipio establecieron un acuerdo para evitar el embargo de otros bienes y fijar la calendarización de pagos en diversos plazos para evitar daños a las finanzas públicas.
Al respecto, el regidor síndico del ayuntamiento, Pacheli Demeneghi Rivero, aseguró que como parte de estos acuerdos el proveedor se comprometió a devolver el camión y los dos escritorios que fueron retirados de las oficinas públicas.
De igual modo, se suspendió el proceso para señalar los bienes susceptibles a embargo para exigir el
pago a las autoridades municipales. Y adelantó que buscarán acuerdo para pagar hasta 70 por ciento del monto total implicado en las dos sentencias a favor del demandante
