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La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Internacional (OCDE) informó que México es el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidio contra menores de 14 años.
A la par, también detalló que el país es el mayor productor y consumidor de pornografía infantil, además del cuarto lugar mundial en turismo sexual en el mundo.
Por lo anterior, la Comisión Permanente pidió a los congresos locales homologar sus códigos penales en materia de pederastía, para que sea tipificado como delito grave.
A saber del Poder Legislativo 25 de las 32 entidades no consideran el problema como delito grave, por lo cual, quienes lo cometen quedan libres tras pagar fianza que varía de entre tres a mil 200 días de Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Las entidades que ejercen penalización por abuso infantil son la Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo y Yucatán, le consideran delito grave y sin fianza; sólo Jalisco lo castiga con penas de 12 y 20 años de cárcel.
La Comisión Permanente indicó que ante el escenario de violencia que vive el país, se deben redoblar los esfuerzos para asegurar la integridad de los niños y adolescentes.
Cartas en el asunto
En el tema de la violencia infantil (considerado el abuso sexual), el Instituto Nacional de Pediatría (INP) recopila datos sobre el fenómeno en todo el país, con la intención de prevenirla eventualmente.
La especialista del INP, Abigail Casas Muñoz, señaló que México carece de datos concretos sobre la magnitud y el tipo de violencia que padecen los menores.
Casas Muñoz indicó que sus instrumentos base son los informes que revela la OCDE y la Unicef, ésta última señala que en México, entre 52 y 62 por ciento de los niños han sufrido algún tipo de violencia en su vida, por lo que la investigadora, junto a otros especialistas, implementan un instrumento de medición que ya fue probado con éxito en más de 122 países alrededor del globo.
Encuesta ICAST-C
El modelo (en proceso de validación para aplicarse en 2019), significa Estudio de transición de la niñez a la adolescencia.
Este modelo permite establecer las diferencias entre violencia física, emocional y por negligencia, lo que (esperan los especialistas) permitirá construir modelos de intervención con niños violentados, además de tener datos fidedignos en el país.
