La autoridad judicial vinculó a proceso a Abraham “N”, quien ostenta el cargo de secretario general de la Junta de Conciliación y Arbitraje (JLCA), declarándosele dos meses de prisión preventiva para llevar a cabo la investigación complementaria por el presunto delito de cohecho.
Así lo informó, el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar, quien señaló que, con autorización del Juez, ya se llevó a cabo una diligencia de cateo en la cual se aseguraron diversos indicios de carácter electrónico, mismos que están siendo analizados.
“Aquí la persona se queda por la necesidad de quedarse, es decir, por la función que esta persona desempeña, por la influencia en la toma de decisiones que tiene y para no obstruir la investigación, ya que puede alterar o puede destruir documentos valiosos para la investigación”, indicó.
La Fiscalía Especializada dará vista a la Contraloría del estado, para que esta realice una investigación de carácter administrativo en contra del servidor publico y para que determine la posible suspensión de sus funciones en lo que se desarrolla el proceso judicial, mismas que viene desempeñando desde 2015 en la administración pública estatal.
No obstante, en el momento oportuno del proceso, la Fiscalía Especializada solicitará al juez que esta persona sea inhabilitada si se determina su responsabilidad en los hechos por el periodo correspondiente a la pena que le interponga, la cual podría ser de tres a seis años de prisión.
“En este caso, el juez de la causa cuando determine, y si es que determina que hay una responsabilidad, va a determinar una pena que va de tres a 10 años de prisión y el tiempo que determine el juez que lo puede inhabilitar”, explicó.
Sin revelar el nombre de la persona a la que pidió dinero para registrar un sindicato ante la Junta Local ni la cantidad que solicitó, Vargas Salazar dijo que se trataba de un sindicato de una empresa particular.