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El expresidente de San Juan del Río, Gustavo Nieto Chávez, dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades por las acusaciones en su contra en torno a la firma de un contrato que podría implicar actos de corrupción y que derivó en la sentencia que obliga al municipio a pagar 6.5 millones de pesos a un despacho jurídico.
Esto luego de que el alcalde, Guillermo Vega Guerrero, informó que durante el miércoles se ejecutó una orden de embargo que implicó la suspensión del uso de una cuenta bancaria con recursos públicos por hasta 400 mil pesos, y afirmó que esta orden fue provocada por el incumplimiento de un contrato que desde su inicio presenta anomalías.
El presidente municipal aseguró que la contratación del despacho demandante podría representar un acto de corrupción, debido a que la administración 2009-2012 se comprometió a pagar hasta tres millones de pesos para la contratación de los servicios de asesoría jurídica por la gestión de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), labor que pueden realizar los funcionarios.
Al respecto, Gustavo Nieto pidió a las autoridades municipales que desarrollen la investigación correspondiente si consideran que hubo negligencia o corrupción en este asunto, siguiendo los procedimientos con apego a la ley.
En este sentido, dijo también estar dispuesto a comparecer, en caso de que lo soliciten las autoridades para entregar la información correspondiente al contrato celebrado con este despacho.
“Siempre he dado la cara y aquí estoy, en San Juan del Río. Si es un asunto de omisión por parte de ellos, es otra cosa, pero que no traten de hacer humo, que no traten de confundir”, dijo.
El exalcalde, y actual delegado de Sagarpa, rechazó que el trabajo de la sociedad civil implicada en este asunto se haya limitado a esta gestión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Exhorto Ayuntamiento
Los integrantes del Ayuntamiento aprobaron el exhorto al Tribunal Superior de Justicia en el estado para que se revise la actuación y criterios empleados por los magistrados que dictaron la sentencia de este asunto y otra que implica el pago de nueve millones de pesos a tres ciudadanas que demandaron por daño moral tras una detención hecha en 2007.
El regidor síndico, Germaín Garfias Alcántara, consideró que estas sentencias implican el pago de cantidades excesivas, por lo que es necesario verificar el trabajo de los magistrados.
POR GABY HERNÁNDEZ
