La diputada local Abigail Arredondo Ramos destacó que son seis municipios en el estado los que no han implementado el protocolo Alba para la búsqueda ágil de mujeres y niñas que pudieran ser víctimas de delito.
La legisladora emitió un exhorto para que las autoridades de San Joaquín, Pedro Escobedo, Peñamiller, Tequisquiapan, Tolimán y Ezequiel Montes sumen a estas localidades a la puesta en marcha de dicho protocolo.
A partir del trabajo promovido por la Fiscalía General del Estado (FGE) para la emisión de hasta 10 cédulas de identidad de mujeres desaparecidas, bajo las pautas establecidas en este protocolo, se ha logrado la localización de las posibles víctimas en estos casos, lo que la diputada consideró una muestra de la efectividad que tiene.
Este instrumento se puso en marcha en el estado, a partir de octubre del 2017, con el propósito de prevenir delitos cometidos en agravio de las mujeres y para atender a las víctimas con perspectiva de género.
Destacó que en el país alrededor de nueve mil 327 mujeres están reportadas como desaparecidas, según la información obtenida a través del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por este motivo, Abigail Arredondo destacó la importancia de consolidar la implementación de este protocolo en todo el territorio del estado, de tal manera que puedan atenderse con perspectiva de género los reportes de mujeres no localizadas en los municipios mencionados.
Agregó que durante el año pasado se registraron hasta 34 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales sólo dos fueron clasificados como feminicidios, por lo que resaltó la importancia de generar las condiciones para prevenir delitos derivados de la violencia de género.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reportó que, de enero a septiembre de 2018, se registraron 19 homicidios intencionados en los que las víctimas fueron mujeres, es decir, que en el estado se registraron 1.8 homicidios premeditados por cada 100 mil mujeres.
A través de la firma de convenio de las autoridades locales en los seis municipios que aún no están suscritos a este protocolo, sería posible recopilar mayor información de los delitos que pudieran registrarse por condiciones de género.
La diputada agregó que con este mecanismo también estarían en posibilidades de capacitar a las corporaciones municipales de policía respecto a la atención que pueden brindar a las víctimas de desaparición, así como el inicio de la búsqueda oportuna.
“No implica un costo, sino un trabajo coordinado y de voluntad, pues deberían (participar) los 18 municipios”, dijo.
POR GABRIELA HERNÁNDEZ