La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó al presidente del comisariado ejidal de San Miguel Galindo con una multa de 400 mil pesos y le ordenó la adopción de medidas correctivas debido al depósito ilegal de residuos peligrosos en suelo natural de un predio utilizado como banco de arena en esta comunidad perteneciente a San Juan del Río.
A través de la subdelegación de inspección industrial, en atención a la denuncia realizada por ciudadanos de dicha comunidad, la Profepa inspeccionó el sitio donde constató la afectación con el depósito de 720 metros cúbicos de tierra mezclada con plaguicidas y herbicidas, así como envases que contuvieron las mismas sustancias.
Ante tal situación, la dependencia inició un procedimiento administrativo en materia de residuos peligrosos y contaminación de suelos, mediante el cual se ordenó al ejido San Miguel Galindo, a través del presidente del comisariado ejidal, como medida de urgente aplicación, el retiro inmediato de los residuos a través de empresas autorizadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Ante el incumplimiento de las citadas medidas, la Profepa emitió una resolución administrativa y sancionó al responsable del depósito irregular de residuos, por lo que recayó la responsabilidad ambiental en el presidente del comisariado.
Por ello se le impuso esta sanción económica y ordenó la adopción de medidas consistentes en la toma de muestra de los residuos depositados sobre el suelo natural en el predio del banco de arena para llevar a cabo un análisis CRIT (corrosividad, reactividad, inflamabilidad y toxicidad) conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, así como la disposición final de los residuos y trabajos de limpieza en suelo contaminado.
El infractor deberá presentar ante la Profepa los manifiestos de entrega, transporte y recepción firmados por el generador, transportista y destinatario final que acrediten la disposición adecuada de los residuos peligrosos generados por los trabajos de limpieza.
Aunado al procedimiento administrativo se presentó la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), ya que la conducta actualiza lo descrito en el tipo penal del artículo 414 del Código Penal Federal, con lo que se cumple con la política ambiental de acciones de vigilancia ambiental.