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Ambientalistas locales piden que en la iniciativa de Ley de Aguas estatal que trabaja el Congreso de Querétaro, no se privatice este recurso, además proponen que en todo el estado sean instalados bebederos para garantizar el derecho al vital líquido.
La ecologista Pamela Siurob Carvajal detalló que entregaron observaciones a la Legislatura, a fin de que éstas sean analizadas e incluidas en el documento que aún se encuentra en análisis.
Entre las observaciones que destacó la activista, están que existe un reglamento para el adecuado uso del agua, el cual no fue aplicado por la autoridad en su momento para sancionar el desperdicio del fluido.
“Nunca se aplicó con sanciones para gente que desperdicia agua y motivar el uso adecuado del agua de reciclaje para lavado de patios, es decir, acciones que no requieran de agua totalmente limpia”, indicó.
Siurob Carvajal añadió que las reformas a la Constitución en 2011 señalan que el derecho al agua es para todas las personas, por lo cual proponen una educación en la utilización de este líquido y la construcción de bebederos en el estado.
Señaló que con la implementación de mecanismos que garanticen el acceso público a fuentes de agua potable, se reduciría considerablemente el consumo de agua embotellada y, por lo tanto, tendría un impacto positivo para disminuir el grado de contaminación por PET y otros plásticos en Querétaro.
“Ahorita lo que insistimos fue desde las reformas del 2011 en la Constitución, el derecho al agua es para todas las personas, cómo la autoridad va a abastecer de agua. Por qué no hay un acceso a agua potable en jardines, en lugar de pipas. Si no otorgas a la población agua bebible, estas obligando a recibir una cantidad de agua en botellas”, resaltó la especialista.
Privatización
La ambientalista enfatizó que en el dictamen se incluye la propuesta de concesionar la administración y distribución del agua, lo cual aclaró, sería inconstitucional.
“No es justo porque el derecho al agua no lo debes de perder. El primer borrador que se nos dieron iba en ese sentido para permitir que empresas privadas administren el agua.Es un derecho humano que no se puede postergar por parte del estado”, explicó.
Ejemplificó que en el caso de Juriquilla se cobra el suministro del líquido a través de una empresa y no se fomenta una cultura para su cuidado. Hecho que, advirtió, permite hacer negocio con el agua.
