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POR GABRIELA HERNÁNDEZ
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, advirtió que retirará la concesión a las empresas encargadas del transporte público en la capital del estado en caso de que reincidan en la suspensión de labores.
El mandatario recalcó que el paro realizado por los prestadores de este servicio en la zona metropolitana el miércoles de la semana pasada se originó por decisión unilateral y causó afectaciones a los ciudadanos.
Este paro se habría convocado por parte de los concesionarios como una medida para exigir el aumento al precio de la tarifa regular del pasaje, el cual debería ser de 15 pesos, según los estudios presentados por los representantes de Qrobus Móvil.
Luego de este paro, el director general del Instituto Queretano del Transporte, Alejandro López Franco, y el Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, iniciaron las mesas de trabajo con los empresarios para restablecer la regularidad en este servicio.
Al respecto, el gobernador del estado afirmó que han mantenido el diálogo constante con los concesionarios para llegar a un acuerdo en torno a estas y otras peticiones por parte de los prestadores del servicio, y también, buscar el cumplimiento de la normativa para la mejora de las unidades de transporte colectivo.
“Siempre estamos dispuestos a dialogar, pero de esa forma no se los voy a permitir y, si lo vuelven a hacer, voy a aplicar todo el peso de la ley”, comentó el mandatario.
La ley de movilidad para el transporte público del estado de Querétaro, en el artículo 219, establece hasta 10 causales para la revocación de la concesión del transporte público, entre las que destacan el incumplimiento de los acuerdos establecidos con el IQT, que acumulen dos o más sanciones que resulten de hechos de tránsito, o que no cumplan con las mejoras al servicio en el plazo establecido.
Francisco Domínguez indicó que desde semanas anteriores habían establecido algunas reuniones con los representantes de Qrobus para analizar la posible alza a la tarifa actual, con apego a lo que establece la ley, que indica que esto se debe revisar con periodicidad de dos años.
Dijo que como parte de las exigencias de las autoridades, a partir del aumento, en caso de que se apruebe, los concesionarios estarían obligados a mejorar el servicio y a modernizar sus unidades.
En este sentido, puntualizó que en enero al menos 100 unidades del transporte público deben retirarse de circulación, por haber cumplido su vida útil, es decir, por contar con más de 10 años de servicio.
De igual manera rechazó que la tarifa pueda incrementar hasta 6.50 pesos, ya que consideró que esto causaría daños a la economía familiar de los queretanos.
