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El gobierno del estado llevará a cabo una serie de entrevistas entre los internos de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Querétaro, para conocer quiénes han sufrido actos de corrupción y que presenten la denuncia correspondiente, confirmó el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres.
Esto luego de los resultados que dio a conocer la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016 hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) respecto a la tasa de 64 personas de 18 años y más, por cada mil personas privadas de la libertad, que fueron víctimas de algún acto de corrupción en cárceles.
Asimismo, añadió que para ello solicitarán apoyo de la Defensoría de Derechos Humanos (DDH) de Querétaro y, de considerarse necesario, que participe personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Granados Torres consideró que mientras no se tenga certeza de un hecho concreto de corrupción o de abuso de autoridad, a través de una denuncia, es imposible llevar a cabo una investigación al respecto.
“Lo primero que tenemos que hacer es investigar con toda claridad los casos concretos para que podamos hacer los procedimientos de sanción. Después recomponer y reafirmar los procesos administrativos para que esto no suceda”, abundó.
De esta forma, explicó que con esas entrevistas buscan que los presos denuncien si han sido víctimas de corrupción y, en consecuencia, iniciar los procedimientos de sanción correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables de dicha irregularidad.
“No todo acto de corrupción es un delito de corrupción, pero hay todo delito de acto de corrupción tiene como origen un autor que es un servidor público; hay comportamientos que siendo ilegales, incluyendo delitos, no son actos de corrupción, son cualquier otra cosa, abusos de autoridad.
“En fin, una serie de delitos que se pueden cometer. Tendríamos que revisar el acto del que esté hablando el posible denunciante y, sobre eso, se determinaría quién sería la instancia a la que le corresponde la investigación”, abundó.
El funcionario sostuvo que independientemente de ese ejercicio, dio la instrucción al director general de Reinserción Social, Miguel Ángel Contreras Álvarez, de tomar medidas preventivas.
Más tarde llegaron hasta una bodega ubicada en Boulevard de las Américas, donde descargaron los productos, para después trasladar y abandonar a la víctima en la comunidad de Agua Azul, en Apaseo el Alto, Guanajuato.
Los imputados fueron detenidos circulando sobre el retorno de la carretera libre a Celaya, en dirección a Querétaro, donde la víctima pudo señalar a los acusados.
Elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) lograron identificar la participación de los imputados en otros delitos. Y, en su caso, correctivas en los penales para que haya un respeto a la dignidad de las personas y un apego a la legalidad de todo el personal penitenciario.
“Sobre todo ahora que estamos en proceso de modificar el modelo penitenciario de acuerdo a la ley nacional. “Justo acabo de terminar una reunión con el director de centros penitenciarios donde le he girado indicaciones”, dijo.
Hay que recordar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 311 personas, por cada mil privadas de la libertad, fueron víctimas de actos de corrupción durante todas las etapas relacionadas con el arresto y posterior reclusión en Querétaro.
Del total, 219, por cada mil personas privadas de la libertad, fueron víctimas de corrupción en el arresto; 121 en el ministerio público; 48 en el proceso judicial, y 64 en los centros penitenciarios.
Los resultados arrojaron que entre los actos ilícitos se encontraban con petición de dinero, regalos, bienes o favores a 80.3 de los reclusos, a quienes se les tomará su declaración para una posible denuncia.
