El caso del asesinato del joven Stalin Jaimes, de 13 años de edad, que se registró en agosto del año pasado en el municipio de Cadereyta, dónde está involucrada una menor de 15 años, se encuentra en apelación.
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Consuelo Rosillo Garfias, explicó que se espera la admisión de algunas pruebas pendientes por aceptar.
Lo anterior se debe a que el juez no aceptó las pruebas que ofrecieron las partes, tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la defensa de la menor imputada, al considerar que no eran prudentes.
El plazo establecido inicialmente para la investigación complementaria venció hace más de cuatro meses, sin embargo, el juez solicitó más pruebas para lograr establecer una resolución en este asunto.
“El plazo de investigación complementaria en el asunto de Cadereyta venció el 30 de noviembre el plazo. Sin embargo, se encuentra en apelación para la admisión de algunas pruebas que estaban pendientes por aceptar, las partes ofertaron algunas pruebas que el juez consideró que no eran prudentes y ante esa negativa es que se encuentra en apelación”, señaló la magistrada.
La titular del Poder Judicial sostuvo que por ahora la Sala Penal estudia si se aceptan o no las pruebas presentadas, con el objetivo de que continúe el proceso.
“Por lo tanto se encontrará en el estudio de la Sala Penal para ver si se aceptan o no esas pruebas para que se continúa el proceso”, añadió.
El 30 de noviembre del año pasado venció el plazo de la investigación complementaria. Esto luego de que tres meses antes un juez de control vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado y dictó prisión preventiva a la menor de 15 años de edad acusada del asesinato del adolescente Stalin Jaimes.
Una vez concluida la fase del desahogo de pruebas se definirá la fecha de la audiencia de juicio en contra de la imputada.
En la audiencia de juicio, también el juez decidirá la cantidad del pago de la reparación del daño, así como de los gastos funerarios, en favor de la familia del joven, en caso de que sea declarada responsable.
Por el delito de homicidio calificado, la joven podría recibir una pena máxima de cinco años de internamiento, por ser una adolescente.
Al tratarse de un delito grave, la menor de edad no tiene el beneficio de continuar su proceso en libertad, por lo cual continúa en prisión preventiva en el Centro de Internamiento y Ejecución de Medidas para Adolescentes (CIEMA).
De acuerdo con la magistrada presidenta del tribunal de justicia, el juez que lleva el caso de Stalin Jaimes rechazó las pruebas que presentó la defensa de ambas partes por no ser prudentes.