El gobernador Francisco Domínguez confirmó que no tienen facultad para sancionar penalmente a los funcionarios públicos que hayan cometido actos de corrupción o alguna irregularidad.
Lo anterior al admitir que la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Querétaro, del sexenio de Francisco Garrido Patrón, no tiene efecto para aplicar castigos y luego de que todavía no ha sido aprobada por la LVIII Legislatura la nueva Ley que presentó su administración.
“Sin Ley lo único que podemos hacer es despedirlos, correrlos, pero sin una consecuencia, y lo que buscamos son consecuencias”, admitió.
De esta forma, precisó que urgió al Congreso del Estado aprobar el Sistema Anticorrupción para que puedan aplicar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, ya que por ahora lo único que pueden hacer es despedir al servidor público que haya incurrido en una irregularidad o un acto corrupción, sin aplicarle una sanción. “Lo invalidó la Suprema Corte, pero están ahorita ya en el Congreso todo el Sistema Anticorrupción que he mandado y con esto funcionaría todo de inmediato. Yo estoy urgiendo a que el Congreso apruebe eso porque es la única forma que funcionen bien las cosas y que se pueda defender quien quiera”, recalcó.
El mandatario estatal enfatizó que deben ser castigados y sancionados aquellos funcionarios públicos que cometieron “un error, una falla o una corrupción”.
“(¿Pero será hasta que se apruebe la Ley de Responsabilidades?”) Desgraciadamente”, concluyó.