El representante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Querétaro (Infoqro), Javier Rascado, dio a conocer que el 26 de marzo pasado venció el plazo para que los sujetos obligados atiendan observaciones por incumplimiento con la Plataforma Nacional de Transparencia.
Indicó que este fin de semana el Infoqro tendrá los resultados finales respecto al cumplimiento de la norma para la transparencia, con el fin de determinar a los sujetos obligados que serán acreedores a procedimientos internos de sanción.
“Efectivamente se venció el plazo en el que podían contestar las observaciones, nos contestaron las observaciones y hacemos el cotejo dentro de las páginas, mañana (hoy) tenemos los resultados finales, estaremos presentando los procedimientos el lunes”, señaló.
Llos más de 100 sujetos obligados de Querétaro cuentan con claves y contraseñas para llevar a cabo el cumplimiento, además de que se les ha impartido capacitación general y personalizada, haciéndoles de su conocimiento los acuerdos que se han tomado desde el Sistema Nacional de Transparencia y de las reformas a los lineamientos generales, donde se ordenó el 15 de diciembre de 2017, que a partir del año de 2018 no habría más plazos, ni prórrogas.
Observaciones
Infoqro emitió observaciones a los sujetos obligados, con la intención de que subsanen sus fallas, atendiendo lo que marca la normatividad, los cuales contaron con 20 días hábiles a partir de que fueron notificados el 26 de febrero.
Los 10 sujetos incumplidos que debieron de subsanar las observaciones de la comisión son: el municipio de San Juan del Río, el de Tolimán, Nueva Alianza, Partido Encuentro Social (PES), Partido del Trabajo (PT), Morena, Movimiento Ciudadano (MC), el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ), el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro y Seguro Popular.
Las sanciones van desde la amonestación hasta la inhabilitación, pasando por multas directas al servidor o servidores responsables que superan los 105 mil pesos (80.60 UMAS), y en caso de reincidencia, para próximas revisiones, podrían ser sujetos de penas que prevé la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, con acciones que pueden llegar a materia penal.