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Por: Alejandra Cueto
Manuel Velázquez Pegueros, secretario general de Gobierno, en el municipio de Querétaro, informó que en este momento están en la etapa de contestación y desahogo de pruebas de las denuncias que presentaron por irregularidades en la construcción del Lienzo Charro, realizado por la pasada administración y explicó que la empresa que adquirió el inmueble obtuvo los derechos litigiosos.
El funcionario destacó que el uso que se le dé a esa construcción dependerá de los particulares, y están finalizando los procesos administrativos.
Respecto a si la empresa ha participado en otras enajenaciones en esta o en otras administraciones, explicó que el comprador no es sujeto a investigación, pues únicamente después de que la venta fue aprobada por el ayuntamiento capitalino, la constructora presentó su propuesta, y tuvo que comprobar que estuviera legalmente constituida, y que tuviera la capacidad económica de compra.
Asimismo, recordó que las denuncias que interpusieron ligadas al inmueble son en su mayoría por ejercicio indebido de funciones públicas, y las presentaron en los órdenes administrativos y civil.
Hace unos días anunciaron que la empresa Zyania S.A de C.V ganó el proceso, pues fue la única que mostró interés, y su propuesta fue por un monto que previamente había establecido el municipio, por 140 millones de pesos.
Cabe recordar que el dinero se abonarán para las obras de lo que será la remodelación de la carretera rumbo a Tlacote, que se llamará denominará Paseo Santiago y cuyo costo será de 187 millones de pesos.
El alcalde Marcos Aguilar Vega afirmó que el lienzo charro era un inmueble inútil para los queretanos, por lo que explicó que la nueva vialidad de poco más de 4.2 kms. de Paseo Santiago, deberá de arrancar como lo proyectaron para el próximo 10 de agosto y tendrá que estar concluida a mediados de diciembre.
Autoridades capitalinas reiteraron que las auditorías especiales que realiza el Tribunal de Responsabilidades Administrativas y las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado seguirán su curso sobre lo denunciado desde octubre de 2015, cuando dijeron que la construcción del inmueble superó en un 153 por ciento su valor inicial y contaba con irregularidades en la estructura del techumbre, así como un retraso en su entrega y la falta de un estudio ambiental.