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En el caso de cuatro personas que enfrentarán en libertad un proceso judicial por la supuesta extorsión a comerciantes del centro histórico para evitar la clausura de los negocios, haciéndose pasar como inspectores municipales, se agravará la conducta si son servidores públicos, dijo la magistrada Consuelo Rosillo.
Lo anterior, luego de que el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría, dio a conocer que fueron puestas en libertad cuatro personas detenidas por presuntos actos de extorsión. Refirió que se trata de dos inspectores municipales activos y dos más extrabajadores del ayuntamiento capitalino.
La presidenta del Poder Judicial del Estado, indicó que está a la espera de que la Fiscalía General turne el caso.
“Siempre, en el caso de ser servidores públicos, la circunstancia agrava la conducta delictiva, necesitaríamos ver circunstancias de tiempo, modo y lugar y además que la Fiscalía consigne los hechos a los que hace referencia, pero obviamente si estamos haciendo uso de nuestro nombramiento como servidor público, pues la conducta se agrava”, aseguró.
Puntualizó que el Tribunal Superior de Justicia analizará la conducta que la Fiscalía consigne y determinar si intervendrá la Fiscalía Anticorrupción.
Añadió que es el primer caso en el que inspectores municipales están involucrados en actos de extorsión.
“De Inspección ninguno, de manera general sí hemos tenido algunos casos de servidores públicos a los que se le ha seguido un proceso, durante el lapso del proceso se les suspende su encargo y se continúa el procedimiento hasta su cause final. Ya ha habido sanciones, no tengo ahorita el número ni la referencia en específico”, expresó.
Antecedentes
Hace poco más de una semana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro detuvieron a los presuntos responsables de extorsión en la colonia El Sillar y durante la detención aseguraron dinero en efectivo y documentación apócrifa de una institución gubernamental.
Hasta el momento, el registro es de dos víctimas de extorsión, por lo que la Fiscalía judicializará el expediente para que los presuntos responsables sean procesados conforme a derecho.
El secretario general de Gobierno municipal, Agustín Luna Lugo, anunció que iniciaron un procedimiento administrativo contra los dos inspectores municipales involucrados para separarlos de sus funciones.
