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El titular del Tribunal de Responsabilidades Administrativas en la capital, José Alberto Bravo Morales, informó que tienen 137 cuadernos de investigación contra funcionarios y exfuncionarios públicos derivado de auditorías internas y externas que han realizado, de los cuales el 90% son de la administración anterior.
Añadió que van 24 casos de los que han dado vista a la Fiscalía General por ejercicio indebido de la función pública en contra de quienes resulten responsables, y de estos la mayoría son por asuntos relacionados con el Lienzo Charro, la gasolinería instalada en El Porvenir, y la compra de la camioneta blindada.
Bravo Morales, aseguró que aún no puede dar nombres, puesto que los procesos aún están abiertos y aunque han emitido sanciones de carácter disciplinario y resarcitorio a 64 servidores públicos, ellos por ley cuentan con 15 días para interponer un recurso o solicitar un juicio de nulidad.
De esos 64: 40 fueron amonestados, 14 multados, otro tuvo una suspensión sin goce de sueldo y 9 fueron inhabilitados.
El único asunto que hasta el momento ha sido resuelto es el relacionado con la adquisición de una camioneta blindada que desde que asumió la presidencia municipal el edil Marcos Aguilar denunció irregularidades en su adquisición e incluso fue subastada, y por ello del total de 9 inhabilitaciones, 4 son por este caso.
Agregó que tienen 349 procedimientos que tienen radicados, de los cuales el 80% también pertenecen a la gestión que encabezó Roberto Loyola Vera.
Comentó que la mayoría es personal del rango de secretarios, directores y jefes de área.
El responsable del Tribunal denunció que también en las delegaciones detectaron que fueron dados donativos en especie y en su mayoría económicos de 15 hasta 250 mil pesos tanto a personas físicas como a morales, sin embargo esto aún está en investigación, y están analizando si estas dádivas fueron otorgadas conforme a ley.
En el caso de las inhabilitaciones fueron una por 10 años, y otras por 4 y 2 años. Las multas ascendieron hasta 100 mil pesos.
