Las irregularidades y omisiones cometidas en el proceso judicial que encararon Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, sientan las bases para garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas del estado, afirmó el presidente municipal, Rosendo Anaya Aguilar.
Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) hizo pública la disculpa a las tres mujeres indígenas, originarias de Santiago Mexquititlán, que fueron acusadas en 2006 de haber secuestrado a agentes de la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), el Alcalde celebró el acto y aseguró que las condiciones para la impartición de justicia son más ecuánimes actualmente.
Y es que recalcó que en aquel momento, no existían intérpretes calificados o certificados para explicar los procedimientos que debían encarar quienes eran detenidos y que no tenían un pleno dominio de la lengua hispana.
A raíz de este caso, dijo, se generaron las reformas al sistema penal, de tal manera que a la fecha son cerca de 12 traductores certificados los que están a disposición de la población indígena.
Estimó que actualmente son cerca de 30 indígenas en el estado los que enfrentan un proceso judicial por diferente acusaciones.