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Han sido liberados bajo las reservas de ley (podrían ser detenidos de nueva cuenta por una causa relacionada a su caso) cuatro implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, por debilidad de las imputaciones de las autoridades encargadas del caso.
El fallo fue dictado en la causa penal 100/2014; tras cuatro años, es el primero que consigna que la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene elementos para probar de forma indiciaria que los liberados participaron en los hechos.
Los beneficiarios son: Honorio “N”, “El Patachín”, expolicía municipal de Iguala; Marco Antonio “N”, “El Cuasi”, Luis Alberto, José “N” “El Tongo” y Martín Alejandro “N”, “El Becerro”, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, acusados de secuestro y delincuencia organizada.
David Calderón Blanc, juez primero de distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, ordenó su liberación (se les acusó de atacar a los normalistas, el 26 y 27 de septiembre de 2014); pese a esto, tres de ellos seguirán en prisión por otras causas en su contra, por ser parte de un grupo delictivo; sólo “El Tongo” saldrá.
“El Tongo” confesó a la PGR que él fue el encargado de comprar el diésel para incinerar los cuerpos de los normalistas en el basurero de Cocula, pero esa versión fue rechazada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los padres de los estudiantes.
Fuentes cercanas al caso indicaron que el juez basó su juicio en que las pruebas contra ellos no eran suficientes, y que sus declaraciones fueron obtenidas con tortura; la liberación no implica que no hayan participado en los eventos, de igual manera, la Procuraduría General de la República podría impugnar la sentencia ante instancias superiores.
Estas exenciones no son parte del amparo otorgado por el Primer Tribunal Colegiado en Tamaulipas a cinco de los implicados, entre ellos, Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil”; es una sentencia aparte, por las violaciones al proceso.
Los liberados son de los primeros investigados y detenidos por la Fiscalía de Guerrero, después de la detención de los estudiantes; lo mandatado por Calderón Blanc se basa en inconsistencias procesales.
El GIEI denunció que 80 por ciento de los detenidos del caso Iguala han sido torturados por elementos de la PGR para obtener sus confesiones sobre su participación en los hechos de 2014; entre ellos, Gildardo López, “El Cabo Gil”, señalado como uno de los líderes de Guerreros Unidos.
