Dieciséis de los 18 municipios del estado avalaron la reforma constitucional que obligará a los diputados, a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, como parte del sistema estatal anticorrupción, confirmó el presidente de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de Querétaro, Gerardo Ángeles Herrera.
Esta reforma constitucional fue ratificada en sesión de pleno el día de ayer, que requirió la aprobación de los Ayuntamientos.
“Aprobaron Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, San Joaquín, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán”, explicó el diputado.
Mientras que Jalpan de Serra y Landa de Matamoros no emitieron el voto. A fin de armonizar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se plantea dotar al sistema estatal, de un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana.
La iniciativa aprobada, crea un nuevo régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de actos de corrupción en los que estos incurran.
Entre otras modificaciones que se establecen, es la ampliación de las facultades de la Entidad Superior de Fiscalización en el estado (ESFE).
Según la reforma, el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes en la Legislatura del Estado, durará en su cargo nueve años y únicamente podrá ser removido por las causas graves que se establezcan en la ley, mediante la misma votación requerida para su designación.