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El titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, encabezó este martes el reconocimiento de inocencia y disculpa pública hacia las mujeres indígenas de la etnia hñáhñú Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron detenidas y sentenciadas por el delito de secuestro.
Acto de Reconocimiento de Inocencia y Disculpa Pública para las Tres Mujeres Hñähñú. https://t.co/67c6QMDWPh
— PGR México (@PGR_mx) 21 de febrero de 2017
El funcionario federal dijo que si bien es cierto que este acto se apega estrictamente a lo determinado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, también lo es que la razón que lo motiva es el firme compromiso de acatar de forma cabal el Artículo primero, párrafo tres de la Constitución.
Recordó que dicho precepto obliga a todas las autoridades del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad; y en consecuencia prevenir, investigar, sancionar, y ante todo reparar las violaciones a las garantías fundamentales.
En una ceremonia que tuvo traducción al hñáhñú, el funcionario dijo que la PGR se compromete a garantizar que hechos como los que se imputaron a las tres mujeres no vuelvan a repetirse, con medidas como el diseño de una nueva arquitectura institucional al interior de la PGR, que aseguren una justicia incluyente y efectiva.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que la aspiración primordial de la dependencia es proteger y garantizar la dignidad humana, como son las mujeres indígenas; “se busca justicia y verdad”, puntualizó.
Comentó que a pesar de que no se pudo comprobar la participación de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González en los delitos que se les imputaron, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de sus libertad “durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles; y posteriormente les fue negada por parte de la PGR una indemnización por el daño causado”.
Cervantes Andrade reconoció también la labor que cada día realizan las personas defensoras de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, e instituciones públicas nacionales e internacionales para proteger los bienes esenciales que garanticen una vida digna, libre de violencia y discriminación.
Señaló que con la finalidad de asegurar una justicia integral y dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa instruyó a la Dirección de Comunicación Social y a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales difundir este mensaje en español y en hñáhñú, así como los extractos de las sentencias en los medios de comunicación.
Dijo que esto se debe hacer con la misma relevancia y espacio, así como la audiencia que en su momento se hizo (cuando fueron detenidas), en agosto de 2006, “con el ánimo de que hechos parecidos no ocurran nuevamente”.
El procurador mencionó que las tres mujeres indígenas, al exigir lo que por justicia les corresponde, dieron un mensaje de verdadera democracia al país y movilizaron al Estado hacia su verdadera función, cumplir con lo que mandata la Constitución mexicana.
“Sus casos rebasaron la esfera personal, por tratarse de bienes, que, como Estado democrático constitucional, nos interesa conservar, como es el debido proceso”, añadió el funcionario, quien mencionó que la PGR contravino en el pasado el principio de presunción de inocencia en agravio suyo, interfiriendo injustamente en su proyecto de vida.
