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Un Juez Federal ordenó el embargo por 48 millones de pesos y 86 hectáreas de terreno a la empresa Residencial Balvanera, para garantizar el pago de la sanción económica judicial demandada por la Profepa de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
En agosto de 2012, la empresa Residencial Balvanera informó a la Semarnat que realizaría actos de remoción de vegetación forestal en un predio ubicado en Querétaro, solicitando autorizaciones federales en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
En diciembre del 2013, meses después de haber solicitado autorizaciones forestales, la empresa se desistió del trámite de la autorización que implicaría un importante pago compensatorio al Fondo Forestal Mexicano. A pesar de ello se llevaron a cabo las obras del proyecto en violación a la legislación ambiental.
Por tal razón, la Profepa practicó visitas de inspección al desarrollo ubicado en el Municipio de Corregidora, Querétaro, encontrando que las actividades inmobiliarias ya habían iniciado sin permiso, sin realizar un programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación afectada y sin pagar medidas compensatorias, por lo que se ordenó la suspensión total temporal del proyecto. A pesar de estas acciones necesarias para proteger el medio ambiente, la empresa optó por desacatar dicho mandamiento, continuar y concluir la ejecución de las obras en el sitio inspeccionado, iniciando la comercialización de departamentos y lotes construidos en el predio.
La Profepa ha iniciado dos procedimientos de inspección federal, uno en materia forestal y un segundo en materia de impacto ambiental.
