En atención de las dificultades económicas y morales por las que pasaron y pasan los padres de las víctimas, derivadas de las omisiones de diversas autoridades, sería un “buen gesto” del Estado Mexicano se les diera una indemnización pecuniaria parcial de 500 mil pesos a cada una de las familias, lo que daría un monto total de 21 millones, 500 mil pesos.
Lo anterior deriva de la sentencia del del Primer Tribunal Colegiado, de Tamaulipas, la cual señala que se trata sólo de un adelanto parcial, para que las víctimas puedan afrontar las dificultades económicas más apremiantes, derivado de la situación a que se han venido enfrentado desde la desaparición de sus familiares, e incluso, para afrontar los gastos que el propio litigio conlleva.
Sin embargo, con la creación de la comisión de la verdad, el Estado no quedaría liberado de su deber de seguir enfocando todos los esfuerzos institucionales hasta encontrar a los estudiantes desaparecidos, lograr el total esclarecimiento de los hechos, el procesamiento y sanción de todos los responsables, así como la integral reparación de los daños a todas las víctimas.
El Congreso de la Unión será la instancia que brinde los recursos económicos que se requieran para la creación de la comisión de investigación . Los magistrados determinaron que para la labor encomendada, la Cámara de Diputados deberá de dotar del dinero necesario para que la comisión que investigará la desaparición de los 43 estudiantes.
“Dado que lo anterior involucra las facultades de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, hágase lo anterior de su conocimiento, por conducto del Presidente de la Junta Directiva (…) a fin de que dotar a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) de los recursos que requiera para su adecuado funcionamiento”, dice la sentencia.
Pagará el Congreso
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) apoyó la determinación del Primer Tribunal Colegiado, de Tamaulipas, de reponer la investigación de los sucesos de Iguala, Guerrero, así como de la creación de una comisión de la verdad que estaría conformada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación.
Durante la presentación del informe en Estados Unidos, Esmeralda A. de Troitiño, comisionada de la CIDH, dijo que con la reposición del proceso de investigación del caso, espera que haya un cambio en la narrativa del mismo, y con ello, “se deje de lado la verdad histórica” que hasta hoy es señalada como “insostenible por el tribunal”.
Confirmó que definitivamente “sí hubo graves irregularidades” en la investigación de los 43 normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, así como una “falta” en la línea de participación del Ejército, Policía Federal, las policías municipales y las autoridades estatales.
La CIDH también insistió en la necesidad de que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes, así como dar seguimiento cercano a las solicitudes de cooperación jurídica internacional y las diligencias que se realicen con base en dicha información.