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Por Alejandra Cueto
Dado el cúmulo de violaciones que están documentadas, los abogados de Dafne Macpherson confía en el pronunciamiento público de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos en las próximas semanas; David Peña, uno de los abogados, lamentó también que en la parte judicial, la Sala Penal haya designado al mismo juez, después de que la autoridad federal ordenó la reposición de parte del proceso en contra de la joven que habría tenido un parto fortuito en la tienda Liverpool en San Juan del Río.
Comentó que la queja fue presentada desde septiembre pasado ante la DDHQro, sin embargo, en ese momento estaban en espera de la resolución del amparo; posteriormente, a finales del año pasado el Poder Judicial de la Federación ordenó a la Sala Penal del estado reponer parte del procedimiento, dado que consideraron que existieron omisiones en la investigación; ante ello la defensa de Dafne solicitó una reunión con la titular de la Defensoría, Roxana Ávalos, dado que las autoridades federales acreditaron que además dentro del proceso existieron violaciones cuando el ministerio público realizó una acusación basada en estereotipos, incluso, el fiscal que llamó “perra” a la joven recibió una sanción.
“Nos recibió, no hubo compromiso y nos dijo que iba a aceptar la queja, que iba a realizar el análisis y que estaríamos en comunicación (…) tenemos pensado la próxima semana solicitar una reunión de seguimiento”.
David Peña agregó que se ofrecieron a compartir documentos del expediente a la Defensoría, con la salvaguarda de los datos que sean necesarios. Consideró que con lo que existe relativo a la apelación y al amparo están acreditadas varias de las violaciones.
Después de que también el Instituto Nacional de las Mujeres se pronunció públicamente porque el caso fuera analizado con perspectiva de género, el defensor manifestó que la dependencia homologa en la entidad no ha tenido algún acercamiento con la familia de la joven de 28 años. Incluso durante un conversatorio con representantes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, aseveró que integrantes del Inmujeres han recibido presiones de la autoridad estatal por haber intervenido.
“Si esperaríamos que dado que los hechos que estamos denunciando, una buena parte, ya el propio fiscal reconoció que se está haciendo una investigación sobre el actuar de sus servidores públicos nos parecería que un pronunciamiento tendría que ser más ágil, pues podría posicionarse sobre hechos que la misma Fiscalía está reconociendo como violatorios (…) no podríamos pensar que no se pronunciara”. Aclaró que la queja no la interpusieron para que la Defensoría valore si hubo o no violaciones, solo para que públicamente lo reconozca, pues estas están probadas.
Señaló que importante y necesario que este tipo de organismos hagan ver a las autoridades que no pueden seguir posicionándose desde una posición dogmática y de perjuicios, y deben hacerlo desde una verdadera investigación jurídica, científica, con perspectiva de género y de respeto a los Derechos Humanos.
“Dados cargados”
Tanto David Peña como Karla Michel, ambos abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, consideraron que después de que Dafne obtuvo un amparo, en donde le concedieron que la autoridad local reponga parte del proceso en donde la acusaban de homicidio, la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro designó al mismo juez, para que llevara a cabo las diligencias, por lo que tuvieron nuevamente que intervenir, para solicitar que exista una revisión al respecto, pues el juez no solo podría tener nuevamente “los dados cargados”, sino también “porque se reconoció en el amparo, y la propia Sala reconoció que la decisión del juez había sido discriminatoria, sesgada, a partir de creencias y de estereotipos (…) lamentable que a pesar de conocerlo y reconocerlo en su propia resolución haya designado al mismo juez”.
Agregó que una de las partes concedidas en el amparo, fue el que integraran los peritajes correspondientes, dado que la joven fue acusada y sentenciada, con base en un rumor de “alguien que dijo que escuchó”, y no tomaron en cuenta ni las irregularidades en la actuación de representantes de la tienda, ni el estado de salud de Dafne, ni los testimonios de doctores y paramédicos, ni algún otro elemento que le hubiera sido favorable. “Mucho menos la presunción de inocencia (…) el amparo se ganó justo por las inconsistencias en la acusación que hizo el ministerio público; en esa lógica tendríamos que presentar peritajes, la propuesta que hace el juez, es que él escoja y designe peritos, esto no abona, y es preocupante que si hay un posicionamiento público de instituciones de gobierno sobre el caso, pidan a otras instituciones del mismo gobierno que dicten otros (…) podría ser una institución privada o pública del gobierno federal, que no esté subordinada”.
Finalizó al explicar que esperan la calificación del amparo, y si el Tribunal Colegiado determina que no ha sido cumplido adecuadamente, se le obligará a la Sala Penal a sacar otro acuerdo. Incluso detalló que el Tribunal pidió que se desahoguen los peritajes con base en el nuevo sistema penal, y no lo están haciendo así. Cabe destacar que aunque uno de los despachos encargados de la defensa de Dafne fue revocado, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos continúa con esta tarea, además de aclarar que la imputada no podría quedarse sin defensa, de haber ocurrido eso, el estado tuvo que haber nombrado algún abogado de oficio inmediatamente. Esto, debido a que están en espera de la audiencia de desahogo de pruebas, la cual la magistrada presidenta del TSJ, Consuelo Rosillo, dijo que no han podido fijar fecha, porque Dafne cambió de abogados y deben esperar a que asigne uno nuevo.
