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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) remitió a los gobiernos de Campeche y Querétaro reportes sobre deficiencias en sus centros municipales de arresto, pues en algunos casos se podría considerar tortura.
Por medio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) la CNDH exhortó al gobierno de Campeche para que se mejoren las condiciones en 35 centros de detención, que incluyen casas hogares del DIF, de la iniciativa privada, un psiquiátrico, un albergue infantil, además de 11 lugares más que dependen del ayuntamiento.
El MNPT señala que desde 2017 se emitieron dos informes de seguimiento: 2/2017 y 3/2017, por persistir las deficiencias; algunos de los sitios, dependientes de la Fiscalía General del estado: la Fiscalía Xpujil, en Calakmul; Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía de Champotón, Fiscalía General del estado en Champotón y Fiscalía de Palizada, no se proporcionan alimentos a las personas detenidas por falta de la respectiva partida presupuestal.
Igual ocurre en instancias como las direcciones: Pública Municipal de Campeche, Seguridad Pública y Tránsito de Calkiní, Seguridad Pública de Champotón, Seguridad Pública de Escárcega; Seguridad Pública de Hecelchakán y Seguridad Pública de Hopelchén; incluso en Seguridad de Candelaria dan sólo dos comidas a los recluidos.
Las incidencias de Querétaro
El MNPT, reportó que son 12 centros destinados a la aplicación de sanciones administrativas y de arresto, los que carecen de capacitación en prevención de la tortura y para responder ante eventos violentos; insuficiencia de personal, así como falta de supervisión del representante social en el área de aseguramiento para verificar el trato que se da a las personas detenidas son la constante en dichos lugares de arresto, que constituyen situaciones de riesgo y pueden derivar en maltrato o tortura.
Además, algunos de los sitios no están acondicionados para el acceso de las personas con discapacidad física, irregularidades en la imposición de sanciones administrativas, falta de libro de gobierno o de registro, visita familiar o llamadas telefónicas sin privacidad, carencia de reglamento o manuales de procedimientos, así como de servicio y personal médico adscrito y nulas certificaciones médicas, ya que en ocasiones se solicita el apoyo de paramédicos, centro de salud, médico del municipio o de protección civil, y no se cuenta con registro al respecto.
De acuerdo a un Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, en las diversas cárceles del país hay insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los centros, falta de actividades educativas, deportivas, laborales y de capacitación para el trabajo, y los presos están mezclados.
