Presentan iniciativa de ley de protección a periodistas

El coordinador de la bancada del PRI, Mauricio Ortiz, presentó la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que entre otras cosas, propone la creación de un fondo económico y protocolos de actuación en situaciones de riesgos, la cual se pondrá a disposición del gremio para presentar observaciones.

Refirió que actualmente en la entidad, el ejercicio periodístico se puede ejercer con libertad, sin embargo Querétaro no está exento de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos que pueden derivar en muertes como en otros estados de la República.

Comentó que el dictamen comprende 40 artículos, que entre otros cosas propone armonizar la legislación local con la Ley General de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y además, establece un protocolo estatal que coadyuve con esta función, ratificando la colaboración con el gobierno federal, estatal y los gobiernos municipales.

Seguro

El diputado priista refirió que la propuesta de su partido propone la creación de un seguro de vida para los periodistas y la creación de un programa de salud a través de la Secretaría de Salud del estado, a favor de quienes ejercen el periodismo y sus familias.

Protección

Respecto a la defensa, señaló que el dictamen pretende establecer la obligación de diferentes dependencias u órganos, a fin de dar atención a las medidas de protección urgente a las personas defensoras y periodistas y en caso de que no fueran respetadas, indica sanciones de tipo administrativo y penal, sin perjuicio de las que pudieran generarse en el orden civil.

“Establece la obligación para el Ejecutivo, de crear un fondo para el apoyo económico a periodistas que en el ejercicio de sus funciones quedaran afectados con un tipo de incapacidad, el Ejecutivo establecerá la coordinación con la Federación para dar cumplimiento a le ley”, manifestó Ortiz Proal.

Agregó que ese cuerpo legal establece la necesidad de crear un mecanismo integrado por un conjunto de acciones que el estado llevará a cabo para implementar y operar las medidas preventivas, y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, seguridad y libertad de las personas.

“Para la ejecución del mecanismo legal que plantea esta norma, se crea una junta de gobierno, conformada por el secretario de Gobierno, un representante de la Fiscalía, un representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un representante de la Defensoría de los Derechos Humanos, un representante de la Secretaría de Salud y dos ciudadanos expertos en los temas de derechos humanos y periodismo”.