Querétaro se encuentra entre los tres estados de la República con mayor ausencia de corrupción, según el índice de Proyecto Mundial de Justicia; según la evaluación de esta organización, el estado tiene 0.42, en una escala de 0 a 1, en esta materia.
En el marco del arranque del Foro de Consulta Pública “Política Nacional Anticorrupción”, que fue encabezado por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta Urquidi, se destacó que el estado, Guanajuato y Zacatecas comparten el primer lugar entre las entidades con menos corrupción.
En este evento, Mariclaire Acosta destacó que los avances del Sistema Nacional Anticorrupción han sido significativos, de tal manera que actualmente sólo falta la instalación de Comités de Participación Ciudadana en seis entidades: Baja California Sur, Campeche, Morelos, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México.
“hemos tenido muchos obstáculos y rezagos, pero la construcción del sistema en toda la República ha avanzado con relativa rapidez en su corta existencia”, comentó al respecto en el marco de este evento.
Detalló que uno de los temas más urgentes a atender para el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, es la falta del nombramiento o selección de un fiscal anticorrupción en el país, ya que con la falta de esta figura, no es posible aplicar las sanciones a quienes son señalados por participar en actos de corrupción.
En este mismo sentido, recalcó la urgencia de que se realicen los nombramientos de los 18 magistrados de responsabilidades administrativas, como parte de la consolidación del esquema medular de este sistema.
Por este motivo, resaltó también que mantendrán estos planteamientos ante los integrantes del próximo gabinete del Gobierno Federal, para colaborar con la experiencia y perspectiva que tienen los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para fortalecer el sistemas que permitan el combate a estas malas prácticas desde la función pública.
A partir de la firma de convenio con el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) se estableció la importancia de generar acciones de prevención a estas prácticas y se identificaron las instituciones gubernamentales más propensas a cometer este tipo de conductas.
“Muchos estudios internacionales, entre ellos los del Raoul Wallenberg Institute, sostienen que los actos de corrupción como el soborno, el desvío de recursos públicos, el favoritismo y el nepotismo lesionan las facultades del Estado para brindar protección a los habitantes y lograr el respeto a los Derechos Humanos”, agregó.
Añadió que un estudio practicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 59.5 por ciento de los mexicanos tienen la percepción de que la corrupción se genera en las esferas de contacto entre los ciudadanos y las autoridades de seguridad pública y que esto genera un costo de hasta mil 376 millones de pesos al año.
POR GABY HERNÁNDEZ