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A partir de un estudio se determinó que existe toxicidad en la zona de San Miguel Galindo que fue utilizada irregularmente para la colocación de residuos contaminantes, por lo que el gobierno municipal de San Juan del Río hizo un llamado a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) para que se solicite la remediación de los daños causados en esta zona y el retiro de los materiales.
En el primer cuatrimestre de este año habitantes denunciaron la presencia constante de un olor a químicos en un banco de arena que opera en el ejido, lo que derivó en la inspección federal de la zona.
Luego de que funcionarios constataron la presencia de contaminantes en el suelo por la colocación de pesticidas y otros materiales dañinos, se ordenó el retiro de hasta 720 metros cúbicos de material.
La Profepa presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los responsables por esta afectación, entre quienes se señaló a un funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al comisariado de este ejido, quien se habría visto involucrado en el otorgamiento de los permisos para el confinamiento irregular de dichos materiales.
A pesar de que la orden para el retiro de materiales fue emitida en abril de este año, el gobierno municipal solicitó el apoyo de la Profepa para que verifique las circunstancias actuales de la zona afectada.
A través de una empresa certificada se realizó un estudio reciente con el cual se determinó que persiste la toxicidad.
El estudio forma parte de las acciones de seguimiento a esta denuncia, por lo que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Yolanda Morales Reséndiz, deberá permanecer al tanto de la continuidad a los trámites conducentes.
De manera adicional al proceso penal iniciado como parte de la investigación, la delegación estatal de Profepa dio vista al órgano interno de control de la Semarnat para que se revise el actuar del inspector implicado en este caso.
Através de un comunicado emitido el 30 de junio, ejidatarios aseguraron haber sido engañados por el funcionario federal para aceptar el depósito de la tierra contaminada.
Posteriormente detectaron anomalías por los olores emanados del suelo una vez que los materiales fueron colocados en la comunidad.
El reporte emitido por la Procuraduría señala que esta acción generó afectaciones en una extensión de hasta tres mil 326 metros cuadrados. A casi 197 metros de distancia del banco de materiales, se encuentran algunos habitantes.
