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Juan Martín Granados Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, afirmó que siempre que se perturbe el estado de derecho se aplicará el uso legal de la fuerza pública, como fue en el desalojo a comerciantes de la Alameda Hidalgo y la aprehensión del líder de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP).
Esto pues, la indicación del gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, es que haya un pleno respeto a la ley, siendo que cualquier persona tiene el derecho manifestarse pero también la obligación de hacerlo en cumplimiento del respeto a los demás.
“Cerrar calles, perturbar el orden público y amenazar con causar un daño social es algo que está tipificado en el Código Penal y por lo tanto está fuera de la ley”, aseveró.
En este sentido, afirmó que el líder de la UCPCP fue detenido por un mandato judicial correspondiente a una petición expresa de la Fiscalía General del Estado dada la evidencia que mostró ante un juez por el cierre de vialidades públicas por la organización que presidía.
Apuntó que en audiencia privada por petición del imputado y su defensa en la que sólo estuvo un familiar del imputado, el juez le decretó prisión preventiva, pues de acuerdo a la ley el supuesto delito por el que se le procesa amerita dicha medida cautelar.
Ante la queja sobre la prontitud de su procedimiento, aclaró que esa es una de las características del sis-tema acusatorio: justicia pronta y expedita. Respecto al desalojo de comerciante en la Alameda Hidalgo, señaló que la intervención del Estado fue hecha a petición del gobierno municipal de Querétaro para apoyar en un operativo para regular y ordenar el comercio que se encontraba esa zona.
JCA