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El nuevo Sistema de Justicia Penal tiene retos cruciales durante 2018, fundamentalmente en el tema de la profesionalización, por lo que se pretende contar con un modelo de justicia terapéutica y un esquema de evaluación nacional de operadores.
La directora de Seguimiento a la Consolidación del Sistema de Justicia Penal del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Karla Karelly Villanueva Escamilla, expuso que el objetivo es garantizar que operadores y docentes del nuevo Sistema de Justicia Penal están debidamente capacitados.
Durante la inauguración del Congreso Nacional de Justicia Penal, en el Centro de Congresos de Querétaro, la funcionaria señaló que durante febrero las entidades federativas se encuentran concentrando recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
“El hecho de que las entidades federativas se comprometan a invertir dentro de este fondo para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal, permitirá avanzar en los proceso de consolidación del mismo, y la clave está en profesionalizar a cada uno de los operadores”, refirió.
Llamó a los tres niveles de gobierno y a todas las entidades involucradas en el tema a ser parte de un cambio real, donde la sociedad confíe en las instituciones y en consecuencia, en quienes trabajan en ellas.
Asimismo, trabajar para que la consolidación no quede en el discurso, sino en acciones y resultados que garanticen proceso de justicia penal más ágiles en las 32 entidades federativas y en la Federación.
Villanueva Escamilla deseó que todas las experiencias compartidas en el Congreso Nacional de Justicia Penal, a desarrollarse el 15 y 16 de febrero, impacten en el fortalecimiento de las instituciones del Sistema de Justicia Penal.
Al respecto, el gobernador Francisco Domínguez Servién resaltó la voluntad política de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Querétaro para operar en tiempo y forma el Sistema de Justicia Penal, en 2016.
En el caso del Poder Legislativo, recordó que los diputados locales trabajaron arduamente para modificar 23 leyes, siete reglamentos y dos decretos, destacando la conformación autónoma de la Fiscalía General del estado.
También destacó la labor de los alcaldes de los 18 municipios que conforman el estado de Querétaro y la orientación de 20 líderes del proyecto que derivo en el modelo Cosmos, único en el país para operar el nuevo Sistema de Justicia Penal.