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La implementación del Protocolo del uso legítimo de la fuerza impulsado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Querétaro pone en riesgo la libertad de expresión y es violatorio de la Constitución mexicana, por lo que es necesario abrogar esta medida en el estado, expresó Jenifer Jiménez González, integrante de Conjura Colectiva.
A partir de que se promovió el uso de esta medida para inhibir los actos que pudieran atentar contra el orden público, al menos 12 activistas sociales del estado solicitaron amparos contra esta medida debido a la ambigüedad de la justificación para el uso de la fuerza policial.
Jenifer Jiménez explicó que con esto se da facultad a las corporaciones de policía para utilizar incluso armas letales contra quienes “violenten o pongan en riesgo el orden público” lo que atenta contra la protesta social y la libertad de expresión.
“Sale este protocolo y faculta a las fuerzas policiales del estado de Querétaro a usar la fuerza pública contra las personas, que entre otras cosas, violenten o pongan en riesgo el orden público, esto es muy vago para nosotros”, explicó.
Debido a que hay conceptos ambiguos en esta iniciativa, con esta medida se vulnera a quienes pretendan realizar brigadas informativas o manifestaciones y actividades de interés público en plazas o vialidades, lo que atenta contra el derecho a la libre manifestación de ideas.
“Desde Conjura Colectiva, vemos que más bien este protocolo lo impulsan para usar la fuerza pública contra las personas que tomemos una plaza por ejemplo: nosotros ocasionalmente ocupamos alguna para brigadear, entonces a partir de la entrada en vigor pueden justificar la fuerza”.
Debido a las implicaciones de este protocolo, señalaron que es necesario dar marcha atrás a esta iniciativa y que los integrantes del Congreso local sometan a consulta ciudadana esta medida.
“El protocolo habla de armas letales y no letales, esto lo vemos sumamente grave, porque además contraviene varios artículos constitucionales que nos dan derecho a la libre manifestación de ideas, a reunirnos, a protestar contra medidas. Por eso lo vemos anticonstitucional”.
A partir de la instalación de la quincuagésima novena legislatura del estado los integrantes de Conjura Colectiva buscarán echar para atrás este protocolo.
“Definitivamente creemos que ese protocolo debe dar marcha atrás y en determinado caso, que se llame a una consulta amplia porque los espacios dejan de ser públicos y dónde quedan entonces los derechos amparados en la constitución”, agregó.
