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La máxima casa de estudios de la entidad solicitará mediante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro) datos sobre el origen del recurso que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) repartió entre sus trabajadores la semana pasada.
Si este recurso tiene fines políticos, la universidad presentará denuncia por la posible comisión de un delito electoral, debido a que la entrega se hizo en periodo de veda.
Y es que, argumentando autonomía sindical, la dirigente del STEUAQ, Laura Leyva Saavedra, respondió a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) que no está la obligada a presentar un informe sobre el origen del recurso, indicó la rectora Teresa de Jesus Garcia Gasca.
“Nosotros solicitaremos el informe ante las instancias correspondientes porque desde luego que entendemos el tema de autonomía, es muy importante, pero autonomía no quiere decir que no se transparente. Vamos a solicitar ante Infoqro, tanto a gobierno del estado como a Laura Leyva que nos informe el origen de ese recurso”, señaló.
Se trata de un recurso que entró al sindicato, desconociendo la UAQ su origen, mismo que fue entregado de a poco más de 400 pesos en efectivo dentro de un sobre a aproximadamente mil 200 trabajadores.
Además, el dinero entró al Sindicato con el argumento de que se trataba de un recurso derivado de la revisión salarial y contractual cuando ese capital ya había sido entregado a los trabajadores.
“También es falta de probidad, no sólo falta de transparencia. Ya que la institucional, no tuvo efecto en ese sentido debido a que ella argumenta la situación de la autonomía, cualquier ciudadano de cualquier lugar puede pedir la transparencia de cualquier recurso”.
Debido a que el procedimiento de acceso a la información es tardado, la universidad insistirá en la comprobación por la vía institucional y directa con el STEUAQ.
La UAQ aún no ha discutido si se abrirá algún procedimiento administrativo contra Laura Leyva, como el que se le impuso en 2015 por no comprobar un recurso de dos millones de pesos.
