Desde 2006 las denuncias por tortura comenzaron a ascender, así como la violencia en el país. La llamada “guerra contra el narco” dejó no sólo muertes de civiles, sino víctimas de tratos degradantes, coinciden defensores de derechos humanos.
“A partir de ese año se han disparado los eventos de tortura. Lo que tenemos es que a partir de 2014 en las procuradurías estatales se han registrado más de 15 mil denuncias por el delito de tortura, de las cuales más de mil 500 son atribuidas a las Fuerzas Armadas”, explicó José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
También Javier Enríquez Sam, coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), afirma que el seguimiento de los casos permite determinar que conforme se extendió el trasiego de droga avanzaron las violaciones graves a los derechos humanos.
“La parte norte del país, sureste y centro, hacia el lado del Pacífico, es donde podemos encontrar más casos de tortura, lo que nos ha llevado a ver que no hay estado donde no hay torturados”.
De acuerdo con el colectivo, entre 2006 y 2016 las principales víctimas fueron hombres de entre 19 y 31 años, la mayoría de escasos recursos, esto le permite asegurar que existe de manera latente la criminalización de la juventud.
La “madre” de los suplicios
“La desaparición significa la tortura continuada, porque sufren tortura las víctimas y la familia se ve afectada. No tienen el cuerpo y entonces es una situación incierta de cuándo aparecerá, y te está torturando todo el tiempo esa condición de cómo estará mi familiar, lo encontraré bien, lo encontraré mal y esa es una tortura permanente”, dijo Enríquez Sam.
Durante esa década, el CCTI documentó que entre los métodos de tortura más utilizados están el sometimiento forzado o limitación prolongada de movimientos, con 93 por ciento; castigos físicos que borran sus huellas a los pocos días, como patadas, golpes con alambres o caídas, en 85 por ciento de los casos. La asfixia con agua o bolsas de plástico aparece en 77 por ciento; mientras que la desnudez forzada suma 66; sin embargo, la tortura psicológica con las amenazas personales o a familiares es de 93 por ciento.
Para José Antonio Guevara, los modos de operación siguen una línea de acción: “Podemos observar que se trata de una práctica que sigue los mismos patrones. Las Fuerzas Armadas detienen arbitrariamente a personas en vehículos particulares u oficiales, las llevan en muchos de los casos a instalaciones militares donde se les tortura”.
Ley tardía y deudas pendientes Pese a los tratados que nuestro país ha firmado y a la Ley General Contra la Tortura, aún queda debiendo. De acuerdo con la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura federal, creada en 2015, en febrero de este año había abierto 8 mil 335 investigaciones, pero sólo ejerció acción penal en 17 casos. “Esta ley no está aterrizada en todos los estados, ni siquiera se han dado cuenta de que hay una ley general y que hay que cumplirla”.