La administración municipal de San Juan del Río fue embargada por una sentencia que obliga a pagar hasta 6.5 millones de pesos del erario a un despacho particular; esta resolución derivó de un convenio fantasma, acusó el alcalde, Guillermo Vega Guerrero.
Durante el miércoles, se ejecutó la acción de embargo para congelar una cuenta bancaria con hasta 400 mil pesos, utilizada para pagar el gasto corriente de la administración.
El presidente municipal detalló que la demanda inició desde 2013, debido a la contratación irregular de un despacho legal para gestionar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), siendo que esta gestión pudo haber sido promovida por los propios funcionarios públicos, sin necesidad de recurrir al despacho externo.
Indicó que el 22 de octubre del 2009 se celebró este contrato entre la administración encabezada por Gustavo Nieto Chávez y el despacho Cruz y Meza Abogados S.C. para la realización de este trámite.
Una vez que concluyó la administración, el representante del despacho presentó la demanda en contra del municipio para exigir el cobro de tres millones de pesos. Casi cinco años después, el juzgado falló a favor del despacho particular.
Guillermo Vega cuestionó la manera en que se celebró este convenio debido a la temporalidad en que se realizó la contratación de servicios y la demanda.
“Este contrato es una simulación y fraude, porque lo contrataron para que hiciera algo que podían haber hecho (los funcionarios) por ellos mismos”, dijo.
Ante la posibilidad de que el contrato de este despacho constituya un acto de corrupción, las autoridades giraron instrucciones para que la Comisión Ordinaria Anticorrupción solicite la comparecencia de los cuatro exfuncionarios implicados en la firma de este documento: Blanca Estela Mancera Gutiérrez, Eliseo Pérez Sánchez, José Luis Gómez Martínez y Álvaro Rodríguez de la Vega, así como del representante del despacho, José Marín Meza Sánchez, y el expresidente municipal, Nieto Chávez.
Afirmó que también solicitaron al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Ortega, que revise el origen de la sentencia y los criterios utilizados para la misma por los magistrados.
Y es que, recientemente, los representantes del Ayuntamiento también apelaron la resolución emitida por la demanda de tres personas que acusan daño moral durante su detención en un evento del 2007.
Esta resolución obliga al municipio a pagar hasta nueve millones de pesos, lo que el presidente municipal consideró fuera de proporción.
Indicó que estas dos resoluciones generarían afectaciones por hasta 15.5 millones de pesos al erario del municipio, equivalente a los recursos utilizados para la entrega de becas escolares durante un año o hasta 11.2 kilómetros de asfalto lineal.
En este sentido, recalcó que apelarán para evitar el pago de la primera sentencia y para lograr una sentencia menor en el caso de la demanda presentada por tres ciudadanas del Barrio de San Isidro.
POR GABRIELA HERNÁNDEZ