POR DALILA MARTÍNEZ Y FÁTIMA PAZ /CAPITAL MICHOACÁN
“Hay heridas que cicatrizan por fuera y se ven normales, pero por dentro siguen sangrando y no van a cerrar nunca”, es a la conclusión que llega Guadalupe Trejo, una de las sobrevivientes de aquella noche que marcó un antes y después en la historia moderna México y que hoy, a diez años de distancia, trata de borrar de su mente.
Ella, como otros 15 afectados lleva en el cuerpo esquirlas de las granadas de fragmentación que detonaron aquella noche en plena celebración del Grito de Independencia, en la Plaza Melchor Ocampo del centro histórico de la ciudad de Morelia, Michoacán.
Estos primeros diez años de la tragedia han sido poco más que un calvario, cuentan, y la gran mayoría ha desistido de la lucha por obtener justicia y se han dado por vencidos en la búsqueda de que el Estado les repare el daño.
De un grupo de 132 afectados que sobrevivieron a esa noche, solo quedan unas 30 personas que no perdieron la paciencia en las oficinas de gobierno y se sobrepusieron una y otra vez a los cerrones de puerta en las narices.
En los primeros tres años después de la tragedia, las victimas buscaron el apoyo gubernamental, quien solo atinó en los años subsecuentes (2008-2010) a atender a medias los gastos médicos de los heridos, y luego tras la convulsión política, social y de seguridad por la que atravesó el estado (2012-2016) nadie quiso hacerse cargo de ellos bajo el argumento de que “eso pasó en otro gobierno”.
Sin embargo, la herida persistió sangrando y pese al desistimiento de muchos de los afectados que vivían -y viven- en permanente depresión, los medios de comunicación se dieron a la tarea de revivir cada año la tragedia y a sus sobrevivientes que, igualmente cada año dieron cuenta de como los gobiernos los abandonaban a su suerte, en medio de promesas rotas.
En un primer momento, el gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel, trató de impulsar un decreto para indemnizar a las víctimas y otorgarles una pensión vitalicia, pero el congreso del estado no la autorizó, argumentando crisis económica.
No fue hasta que en el estado hubo un marco legal de atención a víctimas que a través de la Comisión de Atención a Víctimas encontraron un cauce oficial para exponer sus necesidades y la realidad que les trajo la desgracia.
Fideicomiso “Rafael Marquez”
Las víctimas de los granadazos en Morelia del 15 de septiembre de 2008 desconocen el destino de los recursos que el futbolista mexicano Rafael Márquez Álvarez comprometió para apoyar la educación de sus hijos.
A tres años de que el gobierno del estado informó que Márquez Álvarez no realizó aportaciones al fideicomiso, porque se quedó sin liquidez, no hay una respuesta sobre la posibilidad de dar continuidad a las entregas de becas y útiles escolares que representaban un alivio para la economía de las familias afectadas.
“Nos llamaron para decirnos que no había dinero y dejaron de darnos las becas. Mi niña recibió, hasta 2015, una computadora y siete mil pesos anuales para sus útiles escolares; luego, sólo explicaron que ya no había dinero y que el gobierno del estado no podía asumir el costo de las ayudas”, expresó David Reyes Hernández, residente en Morelia que resultó lesionado en el ataque con granadas.
“Mis dos hijas sólo obtuvieron una computadora y cinco mil pesos anuales cada una por dos años, no hubo más y nunca nos mencionaron por qué”, agregó Margarita Castillo, cuyo esposo falleció en el incidente.
Coincidieron en que de parte de la Fundación Rafa Márquez Fútbol y Corazón no hubo acercamientos para tratar el tema del fideicomiso, en tanto que el gobierno estatal, en ese entonces encabezado por Salvador Jara Guerrero, se limitó a manifestar que los fondos se habían agotado.
Cada año, David Reyes y Margarita Castillo, como otros lesionados y deudos de fallecidos, recorren instancias gubernamentales y privadas para verificar que los apoyos que se les prometieron se concreten.
En el décimo aniversario de los granadazos en Morelia, las víctimas y sus familiares aún piden respuestas, que no obtienen.
La Fundación Rafa Márquez Fútbol y Corazón, como otras entidades vinculadas con el futbolista, suspendieron sus operaciones en 2017, tras ser señalado Márquez Álvarez por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En septiembre de ese año, la fundación reinició sus actividades, sin que quienes fueran beneficiarios del fideicomiso a favor de las víctimas de los granadazos tengan información de una reactivación de la ayuda.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) elaboró un dictamen de 15 afectados del atentado del Grito de Independencia en Morelia que solicitan pensión al gobierno por primera ocasión.
En entrevista para CAPITAL MEDIA, la titular de la CEEAV, Cristina Cortés Carrillo, informó que actualmente 54 personas reciben pensiones por este acontecimiento, que van de los 6 mil 300 a los 21 mil 200 pesos al mes, lo que arroja un pago anual de 6 millones 734 mil pesos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración.
“Nosotros tenemos que validar cada año la situación de cada víctima, para saber si procede anulación, incremento o disminución de la pensión, trabajo que no es sencillo porque hay que hacer entrevistas, estudios socio económicos, ver cómo están evaluaciones médicas y hacerlo todo con mucho profesionalismo, y estar en diálogo constante con las víctimas”, detalló.
En este sentido, refirió que se dictaminaron también cinco nuevas solicitudes de aumento de pensión, documentos que fueron remitidos como corresponde al Congreso de Michoacán para su posible aprobación. Aclaró serán los diputados locales quienes establezcan en primera instancia si se darán las nuevas pensiones y los montos respectivos.
A diez años de distancia el gobierno del estado anunció también que este año podría dotar a los afectados de viviendas de interés social, aunque se desconoce bajo que esquema.