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En medio de una crisis mundial por el uso de opiáceos, así como de analgésicos a base de morfina, productos derivados de la amapola, el asunto de su legalización y regulación en México ha generado posturas a favor y en contra.
Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2018, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), hay una crisis de opioides, abuso de analgésicos y niveles récord en la producción de opio y cocaína.
“Las drogas disponibles, como heroína y cocaína, coexisten cada vez más con las nuevas sustancias psicoactivas y se ha producido un aumento del consumo con fines no médicos de medicamentos sujetos a prescripción médica (desviados de los cauces lícitos, fabricados ilícitamente)”, se lee en el informe.
Al respecto, el especialista en derechos humanos, Andrés Aguinaco Gómez Mont, consideró que las políticas prohibicionistas están en crisis a nivel mundial, por ello se deben revisar otras opciones, entre ellas la legalización de las drogas.
“Los psicotrópicos y estupefacientes deben ser despenalizados y regulados a partir de salud pública, derechos humanos, de dignidad y compasión. No debemos criminalizar o estigmatizar a los usuarios y productores, sino regular el uso”.
“Nadie pone en tela de juicio que el consumo puede tener efectos severos sobre la salud de las personas, el tema es si una sustancia con efectos nocivos para la salud debe preservarse en la prohibición; si así sucede lo que vamos a tener es un problema de salud en las cárceles en vez de ser tratado cuando lo problemático es el uso de la sustancia”.
El abogado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los precursores del amparo ante la Suprema Corte por el uso de la marihuana, que falló a favor de cuatro personas, reconoció que México tiene tratados internacionales en materia comercial, de seguridad y salud, pero éstos no están por encima de la Constitución y los acuerdos transnacionales de derechos humanos, lo que sería el fundamento para la discusión.
“No es lo mismo analizar un tratado de control de estupefacientes, que está por abajo de la Constitución, a un tratado de derechos humanos que está a la par, entonces no tendríamos un problema de jerarquía normativa nacional o que se genere un conflicto internacional de otra índole, porque todos los países quieren que el sistema funcione y van a poner atención a los que sean propositivos y tengan opciones”.
Explicó que son diversos factores los que provocan la violencia en México, sin vínculo a la producción de la amapola y sus derivados, y que tienen más relación con la falta de empleo, expectativas de desarrollo y criminalización de quienes consumen estos productos.
“Varias personas establecen que la legalización serviría para la pacificación, pero con independencia de que sea verdad o no, no podemos criminalizar a usuarios de estupefacientes y psicotrópicos, incluyendo los derivados de la amapola, es una mala premisa del sistema”.
